El PSOE pide expicaciones al equipo de Gobierno talaverano por el 'caso cloro'

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha pedido al alcalde, al concejal Santiago Serrano y a la concejala de Deportes, Montaña Palacios, que aclare lo sucedido con el contrato de suministro de cloro para las piscinas por parte de la empresa DROJU, S.A. (empresa participada por la madre y otros familiares del actual viceportavoz del gobierno) -tal y como publicó en exclusiva La Voz del Tajo-, un contrato que va este jueves a Junta de Gobierno para su resolución y la adopción de medidas cautelares, “tales como incautar la fianza y la posible liquidación de daños y perjuicios producidos a la ciudad”.

En este sentido, el portavoz socialista, José Gutiérrez, ha asegurado que “esto no es todo, esto es la punta del iceberg. No estaba todo perfecto”, ha afirmado.

EL CONTRATO A LA JUNTA DE GOBIERNO
Hay que recordar que la portavoz del Gobierno Municipal, María Rodríguez, afirmó la semana pasada, y este miércoles volvía a reiterarlo, que todo estaba correcto y que el contrato se "ajusta a la legalidad”; una afirmación que para Gutiérrez ,“es evidente que no es así, ni mucho menos, y que faltó a la verdad”. De hecho, lo que mañana se debate en Junta de Gobierno es la resolución y la adopción de medidas cautelares, “tales como incautar la fianza y la posible liquidación de daños y perjuicios producidos a la ciudad”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha recordado que en enero de 2017 se inició el proceso para contratar el suministro de cloro, “y hasta mayo no se reunió la mesa de contratación para valorar las ofertas, pero lo más extraño es que ya no vuelve a reunirse hasta enero de 2018, por lo que nos preguntamos quien suministró el producto durante esos 8 meses, y a qué precio”, tal y como publicó este medio.

¿INCOMPATIBILIDAD?
El portavoz socialista ha asegurado que desde el Grupo Municipal se han pedido todas las facturas, así como la documentación precisa, “porque, presuntamente, tienen muchas cosas que explicar, entre otras, si existe prohibición de contratar o incompatibilidad entre la empresa adjudicataria, por el hecho de ser propiedad de familiares en primer grado de un miembro de la Junta de Gobierno, presuntamente.”

Hay que recordar, en este punto, que Santiago Serrano Godoy forma parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, órgano que adjudicó el expediente 33/17, aunque no estuviera presente en la celebrada el 17 de mayo de 2018.

CÓDIGO ÉTIGO PP
Cabe recordar que el Partido Popular aprobaba el pasado 16 de octubre un nuevo Código Ético y de Conducta para sus miembros. Ese nuevo reglamento endurece las normas de comportamiento interno de modo que, entre otras cuestiones, no se podrá aceptar ningún trato de favor, privilegio o ventaja ni se permitirán regalos.

Así, en ese documento se destaca que la transparencia también deberá primar en la contratación con terceros prohibiéndose en el caso de personas o empresas “que conocidamente ostenten la condición de funcionario público o que tengan algún vínculo personal, familiar y/o de relación comercial con algún integrante del partido”.

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
Para Grupo Municipal Socialista, hay muchas preguntas sin respuesta, como el hecho de que se retiraran dos facturas sin fiscalización previa y, en cualquier caso, estamos hablando de una cantidad de casi 159.926 €, y pedimos que se defiendan los intereses de los talaveranos”. En este sentido, el portavoz afirma que “Santiago Serrano debería haber informado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de su relación familiar directa con alguna de las empresas, porque así lo dice la Ley.”

Igualmente, el portavoz socialista asegura que “Ramos, Serrano y Montaña Palacios pueden tener un problema político y ético, por lo que ya están tardando en hacer las aclaraciones oportunas”.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE EL CONTRATO

La portavoz del equipo de Gobierno, María Rodríguez, ha defendido que “todo el procedimiento seguido por parte del Ayuntamiento en el contrato del suministro de cloro para piscinas se ha hecho conforme a la legalidad y se ajusta a la misma”, tal como se consultó en la pasada Junta de Gobierno.

“Este expediente desde el primer momento se puso en conocimiento de los servicios jurídicos municipales, para que informen si es necesario tomar algún tipo de medida toda vez que valoren la situación en su conjunto”, ha defendido la portavoz.