El Gobierno Ramos obvia los dictámenes del Ministerio de Hacienda para negar posibles irregularidades en el ‘caso cloro’

El Gobierno de Jaime Ramos ha respondido a la exclusiva publicada por este medio, el pasado viernes 26 de octubre, donde se sacaban a la luz supuestas irregularidades en cuanto a la compra de cloro para las piscinas municipales de la ciudad a familiares del viceportavoz del Gobierno y presidente del PP en la Talavera, Santiago Serrano Godoy.

SERRANO SE DEFIENDE
El primero en salir del paso fue el propio Serrano. En un escueta nota de prensa, el viceportavoz aseguraba que “precisamente a la Junta de Gobierno para adjudicar dicho servicio que tuvo lugar el 17 de mayo de 2018, no asistí”, como así consta en el acta oficial, recalcaba.
Serrano Godoy finalizaba su respuesta diciendo que el asunto se ha puesto en conocimiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento “por si fuera necesario toma medidas al respecto”.

EL PSOE CLM PIDE EXPLICACIONES
Al día siguiente, desde las filas socialistas de Castilla-La Mancha pedían explicaciones al Gobierno Ramos por las informaciones publicadas en la Voz del Tajo. “Ramos tiene que abrir todos los expedientes para empezar a pedir responsabilidades”. El secretario de organización del PSOE CLM, Sergio Gutiérrez, señalaba que“cuando se come te un delito en el seno de su partido como fue el gran perfil falso -el caso Porras-” o este caso, hay que denunciar. Por último, recalcaba que el Partido Popular tiene que hacerlo para, así, demostrar “que no es cómplice de colaborar en estos hechos”.
RODRÍGUEZ: ‘EL SECRETARIO DICE QUE TODO ES LEGAL’
La portavoz municipal, María Rodríguez, informaba este miércoles en rueda de prensa que el suministro de cloro “se ha hecho conforme a la legalidad”. Y explicaba que el alcalde ha preguntado al secretario del Ayuntamiento, Antonio López Abarca, -para que conste en la Junta de Gobierno- si, a la vista del estudio sobre el expediente 33/17, el Ayuntamiento o cualquier órgano del mismo, ya sea una mesa de contratación, la junta de portavoces, cualquier concejal o el propio alcalde ha actuado conforme a la legalidad, respondiendo el secretario que dicha contratación “se ajusta a la legalidad”

LA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS
Como ya publicamos hace siete días, la Ley de Contratos del Sector Público advierte en su artículo 60 (como aparece en las imágenes de la galería) de la prohibición de contratar con un organismo público en caso de que en una persona concurra la circunstancia de cónyuge, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva (por ejemplo una pareja), ascendientes o descendientes, así como parientes en segundo grado por consanguinidad (...), cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación. Incluso la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Hacienda ya ha hecho públicos dictámenes (como el informe 3/17 de 27 de abril de 2017) en los que pone de manifiesto que para hacer posible la contratación de empresas con organismos públicos donde existan familiares electos, éstos deben dimitir.

Hay que recordar, en este punto, que Santiago Serrano Godoy forma parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, órgano que adjudicó el expediente 33/17, aunque no estuviera presente en la celebrada el 17 de mayo de 2018.