El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue marcando parte de la política nacional, tanto a nivel central, como la ejemplarizante Ley Contra la Okupación, la de Bienestar Animal o las leyes SUMA y Contra la Despoblación, estas últimas, tomadas como ejemplo, a tenor de las medidas aprobadas, por la Comunidad de Madrid y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Si hace un año y medio el Gobierno de Emiliano García-Page aprobaba por en las Cortes regionales la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA) y la ‘Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha’ , ahora la comunidad vecina, gobernada por el PP, ha hecho lo propio con la Ley Ómnibus, que replica medidas y vigentes en nuestra región, como: la disminución de los trámites y cargas administrativas con una mayor eficiencia para los ciudadanos y empresas.
La ley madrileña nace con el objetivo de “aumentar la vivienda pública, atraer la inversión y luchar contra el éxodo rural”, acciones que desde el Ejecutivo castellano-manchego ya se están llevando a cabo.
Cabe recordar que Ley SUMA de CLM nació con tres objetivos: dinamizar la economía gracias a una simplificación y agilización de trámites, incrementar la oferta de vivienda asequible y desbloquear o reactivar solares abandonados, y abordar el reto demográfico y potenciar el desarrollo de pequeños municipios.
Por otro lado, la Ley Contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, aprobada el pasado día 6 de mayo, es una norma participada, pionera en España y transversal, y que incluye, por primera vez en nuestro país, la política fiscal para frenar la despoblación. En ella hay desgravaciones fiscales, y garantiza servicios como la sanidad, la educación, el transporte o la atención a la Dependencia, entre otras medidas.
Ahora, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se suma a las medidas que el Gobierno de Emiliano García-Page lleva lleva más de un año activando en la región.
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