El pleno de las Cortes debate y vota este jueves el proyecto de Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha, una ley que quiere ser pionera en España.
De salir adelante el jueves, este texto se convertirá en la vigésimo primera ley en culminar su positivamente su tramitación en la cámara, la segunda de este cuarto periodo de sesiones tras la Ley SUMA de trámites urbanísticos.
El texto está estructurado en siete títulos y 75 artículos, en los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social de nuestro medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, y con la que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere sentar las bases para que la ciudadanía pueda decidir con libertad donde vivir.l
También introduce además conceptos novedosos como el impacto demográfico o la estancia efectiva (empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera) y cifra su impacto económico en unos 600 millones de euros a lo largo del actual período de programación de la Unión Europea (2021-2027). No en vano, irá acompañada por la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación con una duración de diez años.
El Gobierno regional introduce por primera vez la política fiscal para luchar contra la despoblación, dentro del ámbito de sus competencias, como es el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en los impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma.
Así en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación del 10 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.
Otra de las novedades que se han incluido en la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha son las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas, que contarán con un 40 por ciento adicional de ayuda por parte de la Administración regional.
Del mismo modo, el Gobierno regional pondrá en marcha un plan de retorno del talento interno con incentivos para que los que salieron fuera del medio rural para estudiar o trabajar puedan volver.
Además, la futura norma garantiza el acceso a la fibra óptica y 5G en todas las localidades de la región, toda vez que fomenta el uso de energías y el consumo responsable del agua.
En materia sanitaria, el anteproyecto de Ley establece el diseño de una red de puntos de atención continuada para garantizar que estos recursos estén a menos de 30 minutos de distancia, y contempla una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural.
En servicios sociales, en el texto se asegura el servicio de teleasistencia a las personas mayores de 70 años del medio rural con terminales digitales de última generación en las zonas de difícil acceso a las redes de comunicación, así como el acceso a un recurso de atención residencial, a menos de 40 kilómetros de su hogar, en núcleos de población de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
Asimismo, se garantiza la atención personalizada a personas con discapacidad a través de dispositivos como teleasistencia avanzada, geolocalización, alertas de riesgo en el hogar, terminales adaptados y comunicación accesible.
La futura norma también establece cambios en el modelo transporte apostando por lo que se ha denominado “transporte sensible a la demanda”.
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