El juicio contra el cura acusado de abusar de una menor en Talavera que se celebra desde el pasado martes a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Toledo ha quedado visto para sentencia este jueves y la Fiscalía, en sus conclusiones elevadas a definitivas, ha mantenido la petición de 17 de prisión contra el procesado.
Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, que añaden que tanto la acusación particular como la defensa también han elevado a definitivas sus conclusiones, manteniendo la petición de 22 años de cárcel la primera y la libre absolución la segunda.
En la sesión de este jueves han declarado en el juicio tres catequistas y se han practicado tres pruebas periciales de parte con la testificación de una ginecóloga, un especialista en acústica y un psiquiatra.
Este martes comenzaba a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Toledo el juicio contra el sacerdote de Talavera acusado de un delito continuado de agresiones sexuales y contra la integridad moral de una menor, durante los años en los que ejerció como su director espiritual.
"La besó, le quitó el sujetador y le tocó los pechos"
Se intenta demostrar en el juicio unos hechos que ocurrieron en el curso escolar 2010-2011, cuando la menor contaba con 14 años de edad, prolongándose durante los cuatro años siguientes. En enero de 2011, el sacerdote estando en el despacho parroquial a solas con la joven durante las charlas que mantenían cada quince días, le pidió un beso, a lo que ella se negó, pero el acusado "la besó, le quitó el sujetador y le tocó los pechos" mientras ella lloraba y, a continuación, le dio una bofetada y la llamó "puta", le pidió perdón y le dio un abrazo.
Desde esa fecha hasta junio de 2013, el acusado repitió esa conducta, siempre según el escrito del fiscal, cuando se encontraban a solas --siempre cerraba la puerta del despacho-- quitándole el sujetador y realizando "tocamientos lascivos sobre su cuerpo desnudo se lo chupaba". En ese espacio temporal se sucedieron episodios similares e incluso el sacerdote obligó a la joven a realizarle varias felaciones e indicando a la menor que si lo contaba nadie la iba a creer.
Cuando la joven dejó el colegio para entrar en la Universidad, empezaron a "aflorar sus patologías psiquiátricas", según el escrito del Fiscal, con un primer diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, teniendo lugar su primer ingreso clínico, durante el que recibió la visita del acusado, que le dijo que si contaba algo "la mataba". Seguidamente en el tiempo la llevaron a otro centro médico, donde estuvo ingresada, volviendo al domicilio familiar cuando le dieron un permiso médico.
Una vez allí la madre, "de forma velada y con una excusa aparente", logró llevarla a la casa del sacerdote -con quien mantenía una relación sentimental- para que le practicara un exorcismo, ya que le dijeron que estaba enferma "porque tenía un demonio dentro". El sacerdote, ese día y en presencia de la progenitora, le realizó varias preguntas relacionadas con temas sexuales y a continuación tocó varias parte de su cuerpo, pero ninguna íntima, y le metió el dedo en la nariz y la boca con óleo sagrado.
Al día siguiente, el sacerdote se citó a solas con la joven, con el pretexto de continuar el exorcismo que le habían practicado el día anterior, momento en el que se volvió a producir un abuso sexual. Estas conductas y hechos se volvieron a reproducir en el tiempo hasta que la joven ingresó de nuevo en un centro hospitalario a consecuencia de las patologías psiquiátricas que padecía. El acusado, en los encuentros que mantenían, pegaba a la joven -incluso llegó a darle una paliza por la que tuvo que ser ingresada- y le decía que nadie la iba a querer.
La víctima está diagnosticada de un trastorno por estrés postraumático, anorexia nerviosa compulsiva-purgativa y trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite.
El Fiscal pide 15 años por el delito continuado de agresiones sexuales y dos más por el delito contra la integridad moral, además de la inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular con menores de edad. Igualmente, solicita que se le imponga la pena de libertad vigilada por tiempo de diez años, y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima, y de aproximarse a menos de 300 metros de ella o cualquier lugar donde esté durante 20 años. Además, deberá indemnizarla con 50.000 euros por los daños morales sufridos.