El sacerdote -J.L.G.M.- de Talavera de la Reina acusado de presuntos abusos sexuales a una menor ha negado los hechos en la primera jornada del juicio que se celebra a puerta cerrada -en la Audiencia Provincial de Toledo-por acuerdo de la Sala, por el que la Fiscalía y la acusación particular piden prisión de 15 y 22 años respectivamente.
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En este primer día del juicio, han declarado el acusado, la víctima y la madre y el padre de la misma, mientras que este miércoles será el turno de las pruebas periciales e informes de los forenses.
“JAMÁS HARÍA DAÑO A LA NIÑA”
El acusado ha negado los hechos que se le imputan -un delito continuado de agresiones sexuales contra una menor en su despacho parroquial durante varios años en los que fue su director espiritual y otro contra la integridad moral- y ha afirmado que "jamás haría nada a la niña", a la que ha dicho que quería y que "la trataba como a una hija", según han informado fuentes jurídicas a Efe.
El acusadoha reconocido que tenía y mantiene una relación sentimental con la madre de la víctima, a la cual ha achacado la denuncia por un móvil de "celos y venganza".
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LA MENOR
La joven ha relatado, a preguntas del Ministerio Fiscal y de los letrados, los presuntos episodios de abusos sexuales sufridos entre enero de 2011 y junio de 2013.
El escrito fiscal sostiene que la víctima tiene una serie de “padecimientos psiquiátricos compatibles” con “acontecimientos traumatizantes, como pueden ser los abusos-agresiones sexuales continuados en el tiempo, que la víctima vivió en soledad durante años en una situación de vulnerabilidad”.
LA MADRE Y EL EXORCISMO
También ha declarado la madre de la víctima que, según las mismas fuentes, lo ha hecho a favor del sacerdote.
La progenitora, sobre el exorcismo realizado, ha justificado en que su hija "tenía el maligno en el cuerpo y había que sacárselo". La mujer no ha respondido si contaban con autorización del Arzobispado o del Vaticano.
Por su parte, la Fiscalía, tal y como informó La Voz del Tajo, asegura que el prelado aprevechó la situación de “aislamiento familiar” de la joven para llevar a cabo “su comportamiento lascivo”.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía quiere que se inhabilite al acusado para cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular con menores, que se le someta a libertad vigilada durante 10 años y que se le prohíba durante 20 años comunicarse con la víctima, cuya "vulnerabilidad" ha tenido en cuenta para formular su petición.
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