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El Ejecutivo de Castilla-La Mancha sitúa la seguridad laboral y la prevención de riesgos laborales como una de sus líneas de acción, con una cuantía de 2,1 millones de euros destinados tanto a prevención de accidentes como a la contención del COVID-19 en los entornos laborales. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado el acercamiento de posturas para intentar reducir al máximo los efectos estructurales del impacto coyuntural del coronavirus en la economía regional.

En el portal, diseñado para los más de 16.000 empleados públicos de Administración General, hay información, guías, vídeos y tutoriales sobre, por ejemplo, la conexión por acceso remoto al ordenador de trabajo a través de una red privada virtual (VPN) o la configuración y manejo de la aplicación utilizada para realizar videoconferencias. También incluye consejos sobre buenas prácticas en el uso del correo electrónico, recomendaciones de ciberseguridad para videollamadas y reuniones virtuales, protección de datos para usuarios de teletrabajo e indicaciones para evitar el phishing. Desde su puesta en funcionamiento el nuevo portal ha registrado cerca de 4.500 visitas, que han visto más de 16.200 páginas.

Decepción mayúscula por la ausencia de reacción y de decisiones relevantes tras la reunión que mantuvieron el viernes el presidente, el consejero de Sanidad, la consejera de Bienestar Social y ‘una representación’ de directores y directoras de centros residenciales. Después de casi un mes de intervención de las residencias de mayores, aún no sabemos en qué consiste, ni qué beneficios tiene que dependan de la consejería de Sanidad: No se sabe qué hacer en centros donde no es posible el aislamiento, ni quién tiene la obligación de vigilar la salud de las plantillas (empresas o Sescam), ni quién debe proporcionar los EPIs, ni quién debe pasar los test de detección, ni los criterios que se van a seguir para realizarlos, ni el orden de prioridades.