Los ayuntamientos no perderán competencias en favor de las Diputaciones

El Gobierno ha aprobado la reforma de la administración local, pero haciendo algunos cambios significativos, como por ejemplo la eliminación del concepto `coste estándar´, que contemplaba la pérdida de competencias municipales para que fueran presentadas por las Diputaciones y ha sido cambiado por `coste efectivo´, que únicamente obligará a los ayuntamientos a hacer público el coste de sus servicios municipales en un plazo de tres meses.

Así lo anunció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa después del Consejo de Ministros donde el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de las administración local, fue duramente criticado por toda la oposición.

Según el ministro, el nuevo `coste efectivo´es meramente un elenco de transparencia con el que se “gana” en términos de “publicidad y comparación”, ya que los ciudadanos serán conscientes del coste del servicio público municipal.

Solo los municipios con problemas financieros perderán competencias

La pérdida de competencias por parte de las entidades locales queda eliminada del proyecto de ley, y únicamente aquellos municipios con problemas financieros, en sus planes de ajuste económico, podrían incluir la opción de “coordinar” determinadas funciones con las diputaciones provinciales.

Precisamente, el proyecto de reforma local refuerza el papel de las diputaciones y les otorga la competencia de vigilar la aplicación de los planes de ajuste municipales.

Estos órganos también podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de veinte mil habitantes, a menos que el municipio justifique que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el de aquellas.

“Es un sistema menos contundente pero igual de coherente y comprometido con la estabilidad presupuestaria”, ha defendido Montoro sobre la sustitución del `coste estándar´por el `coste efectivo´.

Incentivar la fusión de municipios

Otra de las novedades que incluye el texto aprobado este viernes es la inclusión de incentivos a las fusiones municipales voluntarias, también siguiendo con las recomendaciones del Consejo de Estado. Para ellos, se establecen una serie de incentivos para el nuevo municipio fusionado, como una mayor financiación per càpita, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento poblacional o una referencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones”, explicaron fuentes del Gobierno.

Además la reforma local promueve la gestión integrada o coordinada de todos los servicios de municipios, de forma que, si generan unos ahorros mínimos, recibirán mayor financiación.

Por su parte, las entidades locales de ámbito inferior al municipio deberán, en un plazo de tres mese, presentar sus cuentas ante el Estado y comunidades autónomas. En caso de que no lo hagan, se disolverán e integrarán el los ayuntamientos de los que dependerán como organización desconcentrada y corresponderá al la localidad la presentación del mismo, carentes de personalidad jurídica.

En todo caso, no se permite la creación de nuevas entidades locales menores con personalidad jurídica propia, y se mantendrán únicamente la ya existentes, si se presentan sus cuentas, y aquellas que hayan iniciado su procedimiento de constitución antes del 1 de enero de 2013.

El sueldo de los alcaldes

Montoro también habló sobre la racionalización del sector público local, ya que se revisará en profundidad junto a sus organismos dependientes, “que habían crecido exponencialmente en los últimos años”, con el objetivo de racionalizar su número y estructura, “los mercantiles y de alta dirección del sector público local.

El Ejecutivo mantiene el anuncio de que los alcaldes de poblaciones mayores no podrán cobrar más que un secretario de Estado, unos 100.000 euros anuales, entorno a 150.001 y 300.000 habitantes podrán cobrar un máximo de alrededor de 80.000 euros, los alcaldes de municipios de entre 50.001 y 75.000 habitantes, unos 60.000 euros, los de entre 20.001 y 50.000, aproximadamente 50.000 euros y los de localidades de entre 10.001 y 20.000 habitantes entorno a esa misma cifra, mientras que los alcaldes de poblaciones de entre 5.001 y 10.000 habitantes, de entre 2.001 y 5.000 y de 1.001 a 2.000 podrán cobrar hasta el 40 %, el 30% y el 20% respectivamente del salario de un secretario de Estado.

Asimismo, no habrá retribución para los alcaldes de poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

El informe recoge además que los presidentes de las diputaciones tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia que "será igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia", y los concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos.