El Gobierno de Castilla-La Mancha aplaude el avance en el recurso sobre el impuesto a la banca

El Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por García-Page, ha expresado su satisfacción tras la admisión a trámite del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. Este recurso cuestiona el reparto de la recaudación del impuesto a la banca, un tema que ha generado un intenso debate en la región. La portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, destacó en una rueda de prensa que esta decisión representa “un paso más hacia la justicia” y reafirma el principio de Igualdad consagrado en la Constitución Española.

Padilla subrayó que el Gobierno se basa en un informe “muy contundente” del Consejo Consultivo, que critica tanto la forma como el fondo del reparto establecido por la ley. Según explicó, cualquier impuesto que implique un reparto entre comunidades autónomas debe considerar las necesidades y capacidades de cada una. Sin embargo, criticó que se haya acordado un sistema que favorece a los más ricos, lo cual contradice los principios de equidad que siempre han defendido.

CRÍTICAS AL SISTEMA DE REPARTO Y DEFENSA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

La portavoz también celebró que el Tribunal Constitucional haya priorizado “el sentido común”, alineándose con los valores fundamentales de la Constitución. Esta postura refleja un compromiso claro por parte del Gobierno regional para asegurar que las políticas fiscales sean justas y equitativas.

En otro ámbito, Padilla abordó los efectos adversos de los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Reveló que en 2024, las exportaciones de Castilla-La Mancha hacia EE.UU. sufrieron pérdidas significativas, alcanzando los 348 millones de euros. De esta cifra, 130 millones corresponden al sector agroalimentario, siendo el sector lácteo uno de los más afectados debido a los aranceles sobre productos como el queso manchego.

EFECTOS ECONÓMICOS Y DEFENSA REGIONAL ANTE LA GUERRA ARANCELARIA

Aparte del sector lácteo, otros sectores también experimentarán pérdidas considerables: más de 51 millones para maquinaria e industria, 30 millones para calzado y 25 millones para grasas y aceites. Las bebidas producidas en Castilla-La Mancha también se verán perjudicadas con una pérdida estimada de 23 millones, siendo 19 millones solo del vino.

Padilla enfatizó que esta guerra arancelaria no impacta a quienes imponen estas medidas ni a sus aliados; son los ciudadanos y las empresas quienes sufrirán las consecuencias con precios más altos. Por ello, reiteró que el Gobierno continuará defendiendo un modelo basado en la unidad para proteger los intereses regionales. Además, recordó su compromiso constante con Europa para abogar por estos intereses frente a imposiciones externas perjudiciales.

Finalmente, Padilla expresó su desconcierto ante la actitud de algunos grupos políticos locales que parecen apoyar estas medidas perjudiciales para Castilla-La Mancha. Su mensaje fue claro: es fundamental estar unidos en la defensa de los derechos e intereses de nuestra región frente a desafíos externos.

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