Reunido de manera extraordinaria, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con la distribución del impuesto a la banca, como adelantó esta semana el presidente regional, Emiliano García-Page.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que se trata de un recurso de inconstitucionalidad que defiende a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y no está dirigido contra nadie.
Durante la rueda de prensa, se ha dado a conocer que el Consejo Consultivo y el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades han evaluado que "ese criterio de reparto pudiera ser objeto de recurso de inconstitucionalidad".
En la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad respecto al reparto del impuesto a la banca. Esta decisión se basa en los criterios de distribución de lo recaudado por dicho impuesto entre las comunidades autónomas, "no en cuanto al concepto del impuesto".
Se fundamenta el recurso de inconstitucionalidad en tres motivos principales, aunque también se incluyen otras razones que abarcan las opiniones del Consejo Consultivo y del Gabinete Jurídico.
Uno de los motivos principales es que, tal como ha explicado el consejero de Hacienda, este reparto se aprobó "a espaldas" de las comunidades autónomas. En su opinión, era necesario haber consultado a estas comunidades sobre el criterio de distribución en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La ley, según el Gobierno de Castilla-La Mancha, debería haberse tramitado como ley orgánica en lugar de ordinaria, lo que constituye el segundo motivo para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ruiz Molina ha enfatizado que "está claro que vulnera el principio de solidaridad", siendo este el tercer argumento presentado.
Ruiz Molina ha afirmado que "es un recurso de inconstitucionalidad que no va contra nadie, sino que va en defensa de los ciudadanos y de las ciudadanas de Castilla-La Mancha". En este sentido, ha enfatizado que el único motivo detrás de su creación "es la defensa del interés regional".
El consejero, al ser consultado por los medios de comunicación, ha señalado que el reparto establecido en la ley representa un perjuicio económico de 15 millones de euros. Según sus palabras, "el criterio del PIB para Castilla-La Mancha le puede suponer 60 millones, pero utilizar otros criterios más lógicos, como es el de población ajustada, pues le puede suponer del orden de unos 75 millones de euros".
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