El panorama universitario en España está experimentando un cambio significativo: las universidades privadas han dejado de ser subsidiarias de las públicas y están en camino de convertirse en la opción mayoritaria en el sistema. Actualmente, hay 46 centros privados frente a 50 públicos, y las previsiones indican que esta tendencia continuará en ascenso. Además, nuevas iniciativas están surgiendo en regiones donde aún no había presencia de centros con ánimo de lucro, como Extremadura (con cuatro proyectos), Asturias (dos) y Baleares (uno). La excepción es Castilla-La Mancha, donde el Gobierno autonómico está desarrollando una ley para establecer requisitos de calidad en la creación de universidades privadas.
Los rectores de las universidades de Oviedo, Islas Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha han compartido su visión sobre la situación y han coincidido en una idea clave: no temen la competencia con las universidades privadas, pero consideran fundamental que estas cumplan con estándares de calidad y no operen simplemente como academias que replican conocimiento. En el encuentro celebrado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, subrayaron el rol crucial de las universidades en el desarrollo económico, social y cultural de sus respectivas comunidades.
La demografía también influye en este cambio de escenario. Tres de estas autonomías han sufrido una pérdida de población en edad escolar en la última década: Extremadura ha caído un 7,7%, Asturias un 3,3% y Castilla-La Mancha un 2,8%. Este descenso se ha traducido en una menor inscripción universitaria: en Oviedo hay 2.000 estudiantes menos que en 2015, y en Extremadura casi 3.000. Por el contrario, Islas Baleares ha visto crecer su población escolar un 11,2% en el mismo periodo, aunque el atractivo del mercado laboral ligado al turismo ha mantenido estable la cifra de matriculados en grado, con 11.700 estudiantes.
Uno de los principales problemas que enfrentan las universidades públicas es la financiación. España invierte un 24% menos por universitario en comparación con la media de la Unión Europea. A pesar de ello, tres de los rectores consultados se mostraron "razonablemente satisfechos" con la dotación autonómica, ya que cubren nóminas y permiten planificar a medio plazo.
La creación de universidades es competencia de los Gobiernos autonómicos, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solo emite informes técnicos, que en su mayoría han sido negativos en los últimos años, aunque no son vinculantes. Desde 2018, se han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y dos condicionados a cambios, pero los Ejecutivos regionales han seguido adelante con sus planes.
Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, defiende que una universidad debe destinar fondos a la investigación y permitir que su personal docente investigador desarrolle su labor. "Si no lo hace, no es una universidad, es una academia", sentencia. Por su parte, Pedro Fernández Salguero, rector de la Universidad de Extremadura, destaca la importancia de formar profesionales cualificados para que permanezcan en la región. "Si no logramos retener talento, en 15 años no quedarán extremeños cualificados", advierte.
Otro punto de preocupación es la posible inserción de las universidades privadas en la sanidad pública. "En comunidades sin una red sanitaria privada fuerte, encontrar plazas para prácticas y docentes en los centros sanitarios es un reto", explica Garde. En la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay cinco facultades de Enfermería, dos de Medicina y una de Farmacia, lo que hace que la demanda de espacios de formación sea alta. Actualmente, algunos alumnos de Medicina deben trasladarse al Hospital General Universitario de Toledo a partir de tercer curso, a pesar de que la ciudad no cuenta con una facultad de Medicina.
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