Los comités de empresa de Renfe y Adif han anunciado la convocatoria de siete jornadas de huelga en toda España en protesta por la forma en que se está llevando a cabo el traspaso de las competencias de Rodalies a la Generalitat de Cataluña.
La primera jornada de paros se celebrará el 17 de marzo con una huelga de 24 horas, a la que seguirán otras dos jornadas de paro total el 26 de marzo y el 1 de abril. Además, habrá cuatro jornadas de paros parciales los días 19, 24 y 28 de marzo, así como el 3 de abril.
Los paros parciales se distribuirán en diferentes franjas horarias, afectando a distintos turnos de trabajo. - 19 de marzo: de 06:00 a 09:00, de 14:00 a 17:00 y de 21:00 a 23:00.
- 24 de marzo y 3 de abril: de 06:30 a 09:30, de 14:30 a 17:30 y de 20:30 a 22:30.
- 28 de marzo: de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 16:30 y de 20:30 a 23:30.
Los sindicatos convocantes, Semaf, CCOO, UGT, CGT, SCF y SF, acusan al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, de haber incumplido los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023. En aquel momento, dichos acuerdos llevaron a la desconvocatoria de una huelga previa bajo el compromiso de que Renfe y Adif seguirían operando Rodalies y Renfe Mercancías, se garantizaría la integridad de las plantillas y se establecerían grupos de trabajo para consensuar cualquier medida futura.
Sin embargo, en la última reunión celebrada con el Ministerio el 17 de febrero, los sindicatos fueron informados de la exclusión de la línea R1 de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y de la creación de una empresa mixta ajena a Renfe que asumirá progresivamente la operación de los servicios.
Los sindicatos denuncian que no han participado en la toma de decisiones y que estos cambios suponen una ruptura total de los acuerdos previos, ya que el Ministerio, en coordinación con la Generalitat, ha adoptado medidas contrarias a lo pactado.
Una de las principales preocupaciones de los sindicatos es la exclusión de la línea R1 de la RFIG, lo que significa que esta dejará de estar sujeta a la normativa europea en seguridad, operación y material rodante. Esto podría suponer una reducción de los estándares de seguridad y pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea.
Además, recuerdan que las líneas afectadas han sido financiadas con fondos de la Unión Europea, destinados a fomentar la interoperabilidad ferroviaria en el continente. Por ello, la exclusión de estas líneas podría acarrear sanciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de estos fondos.
Los sindicatos también critican que el modelo propuesto por el Gobierno y la Generalitat no mejorará el servicio, sino que generará un aumento de los costes que terminará repercutiendo en los ciudadanos. Argumentan que se está creando una nueva estructura con presidente, consejeros y organismos paralelos, lo que supondrá un gasto innecesario para ofrecer un servicio que ya presta una empresa pública.
Asimismo, denuncian que esta duplicidad afectará a las economías de escala, encareciendo la compra de trenes, materiales, infraestructuras, formación y seguridad. En este sentido, señalan que la Generalitat ya tiene transferidas las competencias de Rodalies desde 2010, pero hasta ahora no las ha ejercido plenamente. En su lugar, los sindicatos proponen un modelo en el que la Generalitat gestione el servicio, pero manteniendo a Renfe y Adif como operadores, similar al sistema sanitario catalán, donde diferentes entidades sin titularidad de la Generalitat prestan servicio público dentro del SISCAT.
Por otro lado, además del traspaso de Rodalies, los sindicatos denuncian lo que consideran una "privatización encubierta" de Renfe. Acusan al Gobierno de facilitar la entrada de la compañía logística MSC en el capital de Renfe Mercancías, lo que, a su juicio, pone en peligro el futuro de la empresa pública.
"Para facilitar esta transición, se está permitiendo el deterioro de la empresa pública mediante acciones como no concurrir a nuevas contrataciones de carga de trabajo, obstaculizar la labor comercial en la captación de clientes o bloquear la operatividad de los trenes por falta de gestión en los centros de trabajo", concluyen los sindicatos en su comunicado.
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