El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló este martes, 17 de septiembre, varios preceptos clave de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la Comunidad de Madrid, tras un recurso interpuesto por el grupo municipal de Vox. La sentencia afecta directamente a las dos áreas más importantes de protección especial, 'Madrid Central' y 'Plaza Elíptica'. Aunque la normativa ha sido parcialmente anulada, las restricciones y sanciones seguirán en vigor durante los próximos 30 días, plazo en el que el Ayuntamiento puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal ha desestimado algunas de las objeciones presentadas por Vox, pero ha dado la razón en lo relativo a la "insuficiencia" de la memoria económica presentada por el Ayuntamiento. Según la sentencia, "no se realizó un análisis económico exhaustivo que evaluara adecuadamente el impacto de las ZBE, ni se contemplaron medidas menos restrictivas que pudieran haber tenido un efecto similar sin perjudicar de forma desproporcionada a ciertos grupos, como los autónomos o las pequeñas empresas con menor capacidad económica para renovar sus vehículos".
EL COSTE DE LA CONTAMINACIÓN
Ecologistas en Acción ha defendido firmemente las Zonas de Bajas Emisiones, citando el impacto devastador que tiene la contaminación del aire en la salud y la economía. Según un informe del Banco Mundial citado por Madridiario, "la mortalidad prematura y la pérdida de días laborales causadas por la contaminación del aire en España generaron un coste de 38.000 millones de euros en 2013, lo que equivale al 3,5% del PIB de ese año". Este cálculo proviene de un estudio del Instituto de Mediciones y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, que analizó el impacto de enfermedades como las cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y otras afecciones respiratorias, que ocasionaron 14.689 muertes solo en ese año.
Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, ha criticado que "las discusiones judiciales se centren en los costes económicos de las ZBE para los automovilistas, mientras que se ignora el coste mucho mayor que la contaminación supone para toda la sociedad. Es mucho más barato prevenir la contaminación que tratar de curar sus efectos en la población”, ha señalado Segura, que también recordó que en el pasado el Partido Popular intentó utilizar el mismo argumento económico para invalidar el proyecto de Madrid Central, promovido por la exalcaldesa Manuela Carmena.
UN FUTURO INCIERTO PARA LAS ZBE
Aunque el fallo judicial aún no es definitivo, asociaciones como Automovilistas Europeos Asociados, como también informa Madridiario, han pedido la paralización de la tramitación de multas y la devolución de los más de 330 millones de euros que, según sus estimaciones, se han recaudado a través de 1,7 millones de sanciones. El tribunal también señala que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento no tuvieron en cuenta la situación de ciertos sectores profesionales, como los vehículos comerciales y de reparto, cuyos propietarios podrían enfrentarse a dificultades económicas severas para cumplir con las nuevas normativas.
Por el momento, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian el fallo y aún no han decidido si presentarán recurso. Entretanto, las Zonas de Bajas Emisiones siguen operativas, y las multas y restricciones continúan siendo válidas mientras no haya una resolución firme por parte del Tribunal Supremo.
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