El Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) ha coordinado varias actuaciones con la Policía Local y la Guardia Civil para recuperar y tapar 20 viviendas que estaban siendo ‘okupadas’ ilegalmente en varios edificios del municipio.
Estos inmuebles ocupados servían para que los delincuentes cultivaran droga, provocando problemas de seguridad para todos los vecinos, ha informado el Consistorio a través de sus redes sociales.
“Aún queda mucho trabajo, pero el Consistorio seguirá luchando contra una problemática que genera delincuencia e inseguridad”, recuerdan desde el Ejecutivo. –Puedes ver las imágenes al final de la noticia–
Desde el Ayuntamiento han asegurado que serán “inflexibles” ante este tipo de hechos, para lo cual es vital el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
También han hecho un llamamiento a la colaboración de los vecinos, para que denuncien situaciones molestas “de aquellos que no respetan la propiedad privada ni el descanso de los demás”.
LEY ‘OKUPACIÓN’ EN CLM. Castilla-La Mancha ha sido el único Gobierno de toda España que ha propuesto medidas para atajar la ocupación ilegal a través de la Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas aprobada en las Cortes regionales.
Las principales medidas que contempla la iniciativa presentada por Castilla-La Mancha como la definición de la ocupación ilegal; reforzamiento de la tutela penal, la reforma legal para el endurecimiento de la pena; agravantes para las mafias del sector inmobiliario; medidas de justicia restaurativa y de justicia penal premial.
En la ley se excluye el delito de allanamiento de morada de la competencia judicial del Tribunal del Jurado; se permite el desalojo inmediato del inmueble como diligencia penal y en 48 horas los Juzgados deberán acordar el desalojo del ocupa.
Además, en la iniciativa legislativa se contempla que las comunidades de propietarios quedan legitimadas para poder denunciar las ocupaciones; y se permite la adopción por parte de estas comunidades de acciones preventivas físicas como cerramientos o la instalación de puertas antivandálicas para evitar las ocupaciones ilegales.
También, se legitima a los ayuntamientos para poder denunciar ocupaciones ilegales; se habilita a las administraciones públicas a adoptar las medidas preventivas físicas para prevenir ocupaciones ilegales; se permite a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proceder a la entrada y registro en los inmuebles ocupados; y “se modifican las reglas del padrón municipal porque nos acordamos de los más inocentes” para habilitar a las comunidades autónomas a que “no le exijamos el padrón a los menores, garantizando en todo momento su protección en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa”.
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