La Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF) ha presentado a la Fiscalía General del Estado, una denuncia de hechos relacionados con indicios de delito por imprudencia grave que afecta a cargos de la Administración sanitaria. "Su actuación negligente está ocasionando fallecimientos y muchos daños por el consumo de Nolotil (Metamizol)", aseguran en un comunicado.
Los hechos son los relacionados con la seguridad de los fármacos que utilizan metamizol en su composición y que son los medicamentos más vendidos en España. Se usan para combatir el dolor.
"Numerosas personas siguen reportando a las autoridades sanitarias errores en la prescripción del producto por parte de los médicos y falta de avisos contundentes por parte de las autoridades públicas encargadas de la farmacovigilancia".
ADAF asegura que "muchos funcionarios de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y de las diferentes administraciones sanitarias encargadas de la farmacovigilancia en España, no están cumpliendo con su trabajo".
También que están cometiendo "una imprudencia grave" al no alertar a la comunidad médica y sanitaria sobre la prohibición inmediata de prescripción en España de los productos que contienen metamizol a extranjeros en cuyos países está prohibido: Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Japón, Australia, etc., asegura ADAF.
Por ello, ADAF ha denunciado en los Tribunales de Justicia a la AEMPS y al Ministerio de Sanidad español por estar lesionando derechos fundamentales como el de la salud de la población.
Para Cristina García Del Campo, presidenta de ADAF: “En ese proceso de derechos fundamentales, se aportan suficientes pruebas para activar una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, promoviendo una acción penal de investigación judicial. Muchas personas están siendo lesionadas por el fármaco. Otras fallecen. Algunas personas son extranjeras, otras de nacionalidad española”.
¿Qué está pasando en España cuando en países como Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda, por poner solo tres ejemplos, de otros más de cuarenta, ¿se prohíbe el producto por su alta peligrosidad? ¿Por qué en España, a pesar de los indicios y alertas en farmacovigilancia, se optó ¡en 2018! por emitir una tímida nota informativa donde la AEMPS y las sociedades médicas y farmacéuticas que la apoyan saben que no se está cumpliendo?
La ciudadanía se merece una farmacovigilancia eficaz y responsable. Los casos reportados de extrema gravedad tras tomar el fármaco ¿no alertan a
los laboratorios productores a modificar la información en prospecto y ficha técnica? “Es hora de investigar penalmente estos asuntos”, concluye García del Campo.
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