El Gobierno de
Castilla-La Mancha celebra este fin de semana las
pruebas selectivas correspondientes a la oferta extraordinaria de estabilización de 2022 para cubrir 105 plazas de
Administración General convocadas mediante el sistema de
concurso-oposición, dentro de las
490 plazas ofertadas mediante este proceso, a las que habrá que sumar las 1.842 relativas a las ofertas ordinarias de 2021 y 2022, cuyas pruebas comenzarán el próximo 21 de octubre.
Un total de 7.644 personas están llamadas a participar en estos exámenes, que tendrán lugar a lo largo de este sábado y domingo en los institutos 'Alfonso X El Sabio', 'Azarquiel', 'Carlos III', 'El Greco', 'Juanelo Turriano', 'María Pacheco' y 'Universidad Laboral', en Toledo; 'Al-Basit' y 'Alto de los Molinos', en Albacete; 'Maestro Juan de Ávila' y 'Maestre de Calatrava', en Ciudad Real; 'Alfonso VIII', en Cuenca; y 'Brianda de Mendoza', en Guadalajara; a los que el Ejecutivo autonómico agradece la colaboración prestada.
Las 385 plazas restantes hasta completar las 490 que forman parte de la oferta de estabilización se convocaron mediante el sistema de concurso. De ellas, 208 correspondientes a personal laboral ya han sido adjudicadas, mientras que las 177 de personal funcionario están pendientes de nombramiento.
La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha confiado en que los exámenes transcurran con el mismo éxito que los llevados a cabo en la convocatoria de los anteriores procesos selectivos, correspondientes a las ofertas de 2019 y 2020, según ha informado la Junta en nota de prensa.
UNA MEDIA DE MÁS DE 3.000 PLAZAS AL AÑO
Desde 2016, el Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado un total de 21.553 plazas entre los tres sectores: Sanidad, Educación y Administración General, lo que supone una media de más de 3.000 plazas al año.
Con estas sucesivas ofertas de empleo se persigue ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, blindar las plantillas, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad intelectual a la función pública y reducir la tasa de interinidad. En definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan.
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