Jueces y fiscales. Relativismo ético y sentencias espurias

—Desde los resultados de las últimas elecciones generales tenemos un escenario complejo y muy poliédrico, con muchas caras y aristas que nos induce a preguntarnos qué se ha hecho para que se vea con absoluta naturalidad esta deriva, en la que se han aparcado muchos valores y principios que inspiraron la Constitución y que han permitido —con aciertos y errores— modernizar el país, integrarlo en todos los organismos internacionales y alcanzar grandes avances económicos, sociales o culturales.

Claramente el país está cambiando de un modelo de democracia constitucional a una parlamentaria, introduciendo normas que claramente se alejan del espíritu constitucional mediante subterfugios.

La división de poderes se está difuminando, la igualdad de derechos y obligaciones varía según donde se viva o el “todos somos iguales ante la ley”, porque se vende como “modernidad” y “progreso” lo que unos tienen más derechos y privilegios que otros.

La joven profesora interviene:

— Sumemos, a la quiebra de algunos principios básicos de una democracia, el hecho de que el sistema judicial es cada vez menos independiente.

Desacreditar de forma injusta a los jueces se ha convertido en una constante desde un sector del gobierno en funciones. Afortunadamente, la gran mayoría de jueces y fiscales cumplen con sus funciones, por lo que no es razonable el daño que hacen a su imagen.

Otro tema sería el maltrato a la justicia, con escasez de medios, falta de personal, de jueces y escasa inversión para modernizar los métodos, acortar plazos o dar celeridad a los procedimientos. No olvidemos que “la justicia que llega tarde no es justicia”.

Comenta el marino:

—El problema no está en los jueces, sino en los políticos, aunque algunos órganos judiciales sean susceptibles de revisión y de un cambio profundo.

No olvidemos que el artículo 127 de la Constitución, establece que jueces y fiscales en activo “no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos” y añade “la ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional”, pero como buenos conocedores de la ley han buscado el subterfugio de que las “asociaciones profesionales”, en la práctica, están impregnadas de ideología política, se han convertido en lobbies y ejercen como un sindicato encubierto. Todo esto debería estar prohibido porque les envilecen.

La degradación de la judicatura empieza con el PSOE de Felipe González y de Alfonso Guerra que declaró: “Montesquieu ha muerto” con la excusa de que los jueces son un órgano del Estado y que no se eligen en las urnas. Desde entonces se ha ido politizando y reduciendo la independencia del poder judicial.

Con la llegada del PP y Aznar como presidente no cambió nada, aunque los efectos perniciosos ya eran evidentes, pero vieron que, con el cambio de gobierno, podían poner a sus magistrados, juristas o el fiscal del Estado afines.

Una vez más, el tacticismo siguió permitiendo el “obsceno espectáculo” de la manipulación de los órganos judiciales.

Esa degradación y politización está llegando a extremos inaceptables que, no sólo afectan a la independencia, sino que el sesgo ideológico es infumable, inaceptable y delincuencial. Es monstruoso que el voto de un juez sea porque es de “derechas” o de “izquierdas”

¿Qué tiene eso que ver con el ejercicio de la justicia?

Veremos qué pasará con la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), después de lo del Tribunal Constitucional (TC).

Complementa la joven profesora:

—En la renovación del Tribunal Constitucional se ha visto con claridad que el objetivo era conformar un órgano que esté dispuesta a aprobar todos los planes del gobierno en temas controvertidos —como la malversación, sedición o amnistía— y otros que puedan ir en contra del espíritu o la letra de la Constitución.

Cándido Conde-Pumpido, en su día, fiscal General del Estado de Zapatero, se hizo célebre por la frase de: “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”. Toda una declaración de intenciones; “la ley” adquiere vida propia y su contenido puede conformarse según los intereses del momento.

El Título IX. Del Tribunal Constitucional, en su art. 159, deja claro el procedimiento de la elección de los 12 miembros del tribunal. El problema no está en la Constitución, sino en el manoseo político, la falta de lealtad y de rigor institucional.

En los últimos nombramientos se ha llegado al extremo de la manipulación política y rebasado líneas rojas.

Se está abusando del sectarismo ideológico y de las puertas giratorias de forma impúdica. El ejemplo de Dolores Delgado que pasó de la fiscalía a ministra de Justicia, y sin apearse, a fiscal General del Estado.

Lo mismo que Juan Carlos Campos, de la magistratura a ministro de Justicia y de ahí a miembro del Tribunal Constitucional nombrado por su mismo gobierno.

El marino remata:

—Si en lugar de marino fuera jurista, a lo mejor entendería lo de “las teorías de la interpretación objetiva y subjetiva”. Mientras, hay que proponer que desde la judicatura se cree una franquicia de lavanderías para que les salga más barato limpiar las togas de tanto polvo del camino.

Pongamos algo de humor y sumémonos al estrafalario circo político.

Se ríen y caminan hacia la playa.