El Gobierno de Castilla-La Mancha está acometiendo desde marzo de 2021 un plan de infraestructuras adscritas a la Consejería de Bienestar Social que permitirá llevar a cabo mejoras y reformas en el 60 por ciento de los centros de atención a personas mayores y a personas con discapacidad de titularidad pública.
Se trata de un plan que está dotado con 90,5 millones de euros provenientes de fondos europeos de recuperación con los que se prevé actuar en 76 centros del total de 124 que posee la Administración regional en esos ámbitos.
En concreto, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado que las intervenciones de mejora y reforma se llevan a cabo en 14 residencias de mayores, en ocho centros para personas con discapacidad y en 54 centros de día de esa red de centros de titularidad pública.
En este sentido, la portavoz del Gobierno que preside Emiliano García-Page ha resaltado que “no han pasado ni siquiera dos años desde el inicio de ese plan con los primeros encargos para redactar los proyectos y en este momento tenemos un nivel de ejecución del plan del 63 por ciento” si se tiene en cuenta que el 40 por ciento de las actuaciones ya están ejecutadas y el 36 por ciento están en fase de redacción del proyecto.
REFUERZO DE LA PLANTILLA CON 18 PROFESIONALES
Blanca Fernández ha manifestado que “esto ha sido posible, entre otras medidas, a que hemos reforzado la plantilla a nivel técnico”, al referirse a la segunda prórroga de un programa de empleo aprobado ayer por el Consejo de Gobierno que supone la contratación de 18 funcionarios y funcionarias de forma interina durante doce meses con un presupuesto de 771.164 euros.
Se trata de ingenieros industriales, arquitectos, técnicos superiores jurídicos, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos y administrativos. Es decir, todas aquellas especialidades que son necesarias para impulsar un trabajo tan arduo como el que representa este plan de infraestructuras sociales y cuyo trabajo va desde la elaboración de proyectos hasta la redacción de pliegos de cláusulas administrativas para las licitaciones, la redacción de informes, el asesoramiento, formar parte de las mesas de contratación, la supervisión de los proyectos de obras y, en fin, todo aquello que tiene que ver con el apartado técnico.
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