Agricultores de las localidades toledanas de Huecas, Portillo y diversos municipios de la zona han denunciado vertidos de residuos incontrolados, principalmente de escombros, en parcelas agrícolas de su propiedad.
Los hechos, ha informado ASAJA en nota de prensa, se vienen sucediendo desde hace años y han sido denunciados en reiteradas ocasiones por los afectados en el cuartel de la Guardia Civil de Fuensalida, sin que hasta la fecha se haya dado con los responsables, aunque existen sospechas de quienes pudieran estar detrás de estas acciones.
La organización agraria se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Toledo, desde donde se ha comunicado que están al corriente de la situación y se han comprometido a reforzar el dispositivo de seguridad e investigación para poder detener a los culpables.
También han confirmado que desde hace aproximadamente tres años la Policía Local de los municipios afectados, el SEPRONA y los agentes medioambientales están tras la pista que podría llevar hasta los responsables de los vertidos.
Aparte del coste económico que supone para los agricultores, que tienen que acometer por su cuenta la retirada de los residuos y la limpieza del terreno, ASAJA Toledo alerta del impacto para el medio ambiente de este tipo de vertidos y de los perjuicios que podrían acarrear al agricultor.
En este sentido, los agentes medioambientales de la zona, conocedores de la problemática, colaboran con los agricultores. Sin embargo, desde ASAJA preocupa que estos puedan tener problemas con la entrada en funcionamiento, este año, del sistema de monitorización por el que se controlan los cultivos declarados en la PAC a través de teledetección vía satélite.
La monitorización se aplica desde esta campaña a la totalidad de la superficie agrícola incluida en las solicitudes de las ayudas de la PAC. En este tipo de control se supervisan los cultivos declarados, pero también se puede apreciar si las parcelas están en un óptimo estado de mantenimiento y se cumple con las normas de condicionalidad.
La detección de este tipo de vertidos podría interpretarse como una incidencia medioambiental y acarrear sanciones para los agricultores afectados.
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