Fernando Presencia, el exjuez talaverano condenado por prevaricación, declarará en las próximas semanas en la Audiencia Provincial por calumniar en su web a magistrados del Tribuna Supremo, lo que podría constituir un delito contra las Altas instituciones del Estado. Sin embargo, antes de declarar un forense examinará su estado de salud mental.
Según ha publicado ABC, de la reiteración de su conducta se desprenden indicios de desequilibrio. El chequeo médico ayudaría a determinar si el exjuez es imputable, es decir, si se le puede perseguir penalmente o, por el contrario, no procede.
Este miércoles el juez Joaquín Gadea admitió una denuncia de la Fiscalía contra Presencia por delitos de injurias y calumnias y contra las altas instituciones del Estado en relación a sus publicaciones en internet. Entre los magistrados señalados supuestamente de forma falsa por Presencia destaca el juez instructor de la causa del Proceso, Pablo Llarena, y el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
“Existen indicios de la comisión de delitos que se estarían produciendo de manera flagrante mediante las publicaciones que integran la citada web”, expresaba el juez Gadea en su auto, al que ha tenido acceso La Voz del Tajo.
A través de la página de la asociación que preside, Acodap, Presencia ha acusado al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y a varios magistrados de ese tribunal, así como a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de tener cuentas bancarias en paraísos fiscales para ocultar las cantidades obtenidas por importantes sobornos.
Por ello, el juez ordenaba el cierre cautelar de la web de Acodap, ordenaba a la Guardia Civil investigar los donativos que recibe y le llaman a declarar como imputado, aunque Gadea no detallaba el día. También ofrecía personarse a varios magistrados del Tribunal Supremo como perjudicados, entre ellos su presidente, Carlos Lesmes.
Para la adopción de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía en su denuncia, el magistrado se dirigía al departamento contra Cibercrimen de la Guardia Civil, para que libre mandamiento a la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública (ACODAP) y a la empresa UNELINK TELECOM SA, y procedan al cierre de la citada página web, con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al mismo.
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