El Gobierno de Castilla-La Mancha va a participar en un proyecto piloto de inclusión social llamado 'Construir para volver a ser', conveniado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo objetivo es desarrollar itinerarios de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad social, exclusión social o en riesgo de estarlo.
Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en la rueda de prensa para abordar los asuntos del Consejo de Gobierno, que ayer aprobó un gasto de 2,8 millones de euros para contratar a las 42 personas que trabajarán en este proyecto.
"Esencialmente, se trata de trabajar con personas que reciben hoy el Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha y también con personas que tengan un diagnóstico de exclusión social o jóvenes que acaban de salir del sistema de tutela de la Junta", ha argumentado.
En total formarán parte de este proyecto piloto 2.000 personas, divididas en dos grupos de 1.000 cada uno. Un grupo de control en el que los servicios sociales seguirán trabajando con estas personas con las mismas políticas y recursos con los que venían trabajando hasta ahora; y otro grupo al que se hará un "refuerzo y esfuerzo" para diseñar itinerarios personalizados de inclusión social sobre formación, rehabilitación de conductas, educación o empleo.
"Queremos ver qué ocurre y si este grupo evoluciona mejor. Entendemos que sí, que la pobreza no se erradica solamente con prestaciones económicas sino que también hay que trabajarla desde el punto de vista emocional, social e incluso, a veces, cultural", ha recalcado Fernández.
Según ha señalado, el Ministerio se ha propuesto "dar un paso más" en la política social, no solo con prestaciones económicas, sino también con itinerarios concretos. "Se trata de un proyecto piloto que trata de erradicar esa frase, que aún siendo manida no deja de ser cierta, de que la pobreza se hereda", ha añadido.
La consejera, ha indicado que la Administración regional "está contenta" con este proyecto —que en su conjunto alcanzará los 9 millones de euros en dos años por parte del Ministerio— porque el Gobierno la ha priorizado sobre otras regiones, ya que desde que se puso en marcha la Estrategia Regional contra la Pobreza en 2017 se ha reducido la pobreza severa en la Comunidad de un 7,6 a un 3,1%.
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