El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles que elevará queja formal al Gobierno de España ante el auge de sanciones a pozos irregulares en las provincias de Cuenca y Ciudad Real, recordando que en algunos casos los regantes que sufren estas medidas venían sufriendo "retrasos eternos de burocracias" de los que culpa a las confederaciones hidrográficas.
En un acto público desde el Palacio de Fuensalida, ha apuntado que no va a admitir este extremo: "Vamos a jugar muy duro en este sentido. Veo que se acuerdan de Page en muchos sitios. A lo mejor algún funcionario ha estado años callado y ahora saca expedientes, casualmente", ha dicho.
Así, ha abundado en que "a lo mejor hay funcionarios o responsables que miran a otro lado tras haber tardado 5, 6 o 7 años en contestar solicitudes", algo que ha tildado de "negligencia pura y dura". "Pero vamos a actuar", ha avisado.
FIN CANÓN AGUA
Por otro lado, García-Page, ha anunciado que su Gobierno deja en suspenso de forma indefinida el conocido como canon del agua incluido en la recientemente aprobada Ley de Agua, aduciendo la situación de inflación actual y recordando que en el resto de comunidades autónomas sí que opera esta tasa.
Esta tasa venía argumentada en el texto legislativo como un canon medioambiental con naturaleza de impuesto de carácter real e indirecto y de finalidad extrafiscal que venía a gravar el consumo de agua amparándose en la afección al medio que su utilización produce. La recaudación, en principio, serviría para ejecutar inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la región y a la mejora de los ecosistemas acuáticos.
El líder del Ejecutivo autonómico ha abundado que la Unión Europea obliga a todas las autonomías a implementar este tipo de tasas, algo que "obviamente ha tenido que regular" Castilla-La Mancha, algo que "a nadie le gusta".
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