El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los incidentes de nulidad que la Junta de Extremadura y los propietarios de Marina Isla Valdecañas presentaron la semana pasada.
Ambas partes solicitaron la anulación de la sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo el mes pasado, que ordenaba la demolición total del complejo en lugar de la demolición parcial decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en febrero de 2020.
Tras esta nueva decisión, que no supone que el alto tribunal dé la razón a la Junta y los propietarios, Ecologistas en Acción tiene cinco días para recurrir. Sin embargo, la admisión a trámite de los recursos presentados por la Junta y los propietarios es significativo, ya que estadísticamente suele suceder lo contrario, la inadmisión.
Además, Luis Díaz-Ambrona, abogado de los dueños de viviendas en el complejo, cree que “es llamativo que en la Sala del Supremo que estudiará los incidentes no vaya a estar Wenceslao Olea”.
PRESUNTA PARCIALIDAD
El primer motivo para pedir la nulidad fue la presunta parcialidad de Olea y de Inés Huerta por estar en la Sala que ordenó el derribo total cuando ya habían intervenido en el caso Valdecañas en momentos anteriores a la causa.
Además, el Gobierno regional ha aportado otros motivos que, a su criterio, suponen una vulneración del derecho a la tutela judicial. Son la desnaturalización del recurso de casación, la arbitrariedad y varios tipos de incongruencia procesal. Motivos que según la Junta deberían suponer la anulación del fallo dictado por la Sala Tercera de la sección quinta del Alto Tribunal.
LA PRESENCIA EN EL TSJEX Y EL SUPREMO
En el caso de Olea, el recurso de la Junta destaca que era el magistrado ponente y por lo tanto se encargó de redactar la sentencia que en el año 2011 declaró ilegal el Proyecto de Interés Regional (PIR) que permitió construir el resort en los terrenos de los municipios cacereños de El Gordo y Berrocalejo.
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