El Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en la armonización fiscal para evitar que haya comunidades autónomas que, “dependiendo de su situación”, lleven a cabo el llamado ‘dumping fiscal’ con el que algunas regiones ofrecen beneficios fiscales -mediante deducciones de impuestos o bonificaciones- con el fin de conseguir la llegada de empresas a sus territorios.
Es uno de los aspectos que han trasladado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras las reuniones que ha mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con los responsables de los grupos políticos con representación en las Cortes regionales -PSOE, Ciudadanos y Partido Popular- Sergio Gutiérrez, Carmen Picazo, y Paco Núñez, respectivamente, con el objetivo de consensuar una posición única en materia de financiación autonómica.
En este sentido, Martínez Guijarro ha explicado que el planteamiento del Ejecutivo autonómico es que los impuestos que existan tengan una base común en el conjunto del territorio “y las comunidades autónomas debemos tener un margen de maniobra” u horquilla en la que las regiones puedan moverse, pero siempre con unos tipos mínimos y máximos establecidos.
Además, ha asegurado, desde el Gobierno castellanomanchego se defiende que sea cual sea la cesta de impuestos, “tienen que ser suficientes para financiar los servicios públicos esenciales y el conjunto de competencias que tenemos como Comunidad autónoma”.
Durante su intervención, el vicepresidente regional ha valorado positivamente la disposición y el respaldo de los tres grupos parlamentarios al planteamiento inicial sobre financiación autonómica que se ha hecho desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page con propuestas alternativas al documento que hizo público el gobierno de España. “Es un buen punto de partida que el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas tengan en cuenta que los planteamientos que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en realidad lo estamos haciendo con el respaldo de los grupos parlamentarios y de los agentes económicos”, ha dicho.
INCLUIR EL COSTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado la necesidad de que se tenga en cuenta el coste real que supone para las comunidades autónomas prestar los servicios públicos y el encarecimiento que conlleva prestarlos en zonas poco pobladas. En este sentido, ha abogado por “incluir la superficie. No como una variable correctiva, sino como una variable estructural que debe estar presente en cada uno de los bloques competenciales en los que se valora el sistema de financiación: sanidad, educación, servicios sociales y resto de servicios”. Asimismo, ha defendido un fondo adicional para atender al reto demográfico.
En lo que respecta al fondo de garantía, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha especificado que actualmente está constituido por el 75 por ciento de los recursos tributarios del conjunto de las comunidades autónomas, que se distribuyen en función de determinadas variables, en lo que se denomina población ajustada, y ha defendido que en ese fondo las autonomías participen con “el cien por cien”, un cambio que reportaría a la región más de 200 millones de euros.
Además, el consejero ha destacado la necesidad de que se respete el ‘statu quo’ en términos absolutos para que ninguna región pierda recursos respecto al modelo actual. El consejero ha apostado por “no hablar de un modelo del Gobierno, sino de la Comunidad Autónoma”, ya que “eso nos da mucha más fortaleza a la hora de negociar” y, finalmente, ha resaltado que Castilla-La Mancha va a reclamar una quita en relación a la deuda que mantiene con el Estado, a consecuencia de la infrafinanciación que soporta la región con el vigente modelo.
Por último, Ruiz Molina ha asegurado que estas reuniones han sido “fructíferas” y ha explicado que han servido para ampliar la información trasladada a los grupos políticos en las mantenidas el pasado 31 de enero, fruto de las cuales se envió al Ministerio de Hacienda y Función Pública un documento de 40 páginas con las observaciones realizadas a su propuesta.
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