La Oficina de Seguridad del Internauta ha informado sobre un nuevo caso de ciberdelincuencia. Se trata de una estafa en la que los ciberdelincuentes suplantan a la Guardia Civil e informan a través del correo electrónico sobre una supuesta citación judicial por un caso de pornografía infantil o pedofilia.
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Desde la entidad instan a no contestar y eliminar el correo en caso de recibirlo. De esta manera se evitaría que los ciberdelincuentes conozcan si la cuenta está activa, algo que les impediría continuar con el engaño.
El objetivo principal es exigir una cantidad de dinero para que el proceso judicial no siga adelante. Para ello, los estafadores plantean al destinatario del correo dos opciones. La primera es afrontar el procedimiento judicial que le puede repercutir a la persona una detención en un plazo de 72 horas y una condena de cinco años de prisión, y la segunda es llegar a un acuerdo con las autoridades francesas que consiste en una multa de 7.978 euros.
De aceptar esta segunda opción se pide al usuario que elabore una carta con sus datos personales, su firma y la confirmación de querer pagar la multa. Una vez elaborada esta carta se procede a hacerle una foto y enviarla. Además, para darle credibilidad a la estafa, los ciberdelincuentes adjuntan un documento PDF, “Convocación-Guardia Civil”, en el que suplantan la identidad de María Gámez, directora general de la Guardia Civil.
En ese documento se alerta sobre una investigación e incautación informática para una investigación sobre pedofilia, ciberpornografía y exhibicionismo, y se insta a contestar el correo en un plazo de 48 horas.
Un nuevo caso de estafa nigeriana
ESET, una compañía de seguridad informática, ha investigado esta estafa y señalan que estamos ante un posible caso de estafa nigeriana dirigida a usuarios españoles. El modus operandi y los errores de redacción que se pueden encontrar se asocian a este tipo de estafa que se basa en estrategias de ingeniería social para conseguir el engaño.
La Oficina de Seguridad del Internauta recomienda recopilar todas las pruebas posibles en caso de haber contestado al correo o haber pagado alguna cantidad de dinero, y acto seguido denunciar el hecho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
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