El Consejo de Gobierno aprueba la ley que elimina 19 tasas y baja impuestos

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, una norma que recoge la eliminación de 19 tasas y un conjunto de deducciones fiscales "con carácter progresivo y solidario", con el objetivo fundamental de favorecer a las familias, los jóvenes, las personas con discapacidad y las empresas y que, unidas a las ya aprobadas en materia de despoblación, supondrán unos beneficios fiscales de 41 millones de euros en 2022.

Conoce ‘una a una’ las 19 tasas y deducciones fiscales a empresas y familias

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En rueda de prensa, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que este proyecto, conocido como ley de acompañamiento de los presupuestos de 2022, contiene el paquete de medidas tributarias que anunció el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el último Debate sobre el Estado de la Región.

"Se trata de deducciones fiscales que se han hecho con bisturí" ya que "no somos de la opinión de hacer rebajas fiscales generalizadas como las que propone el PP y que, normalmente, lo que hacen es beneficiar a aquel que más capacidad económica tiene y perjudicar al que menos tiene", ha advertido el titular de las finanzas regionales.

Ha detallado que el texto incluye la eliminación de 19 tasas, de las que ha destacado la eliminación de la licencia de caza y pesca para los residentes de Castilla-La Mancha, y deducciones en el IRPF y la reducción de tipos impositivos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, "que son los principales tributos sobre los que tenemos competencia normativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma", ha afirmado.

A preguntas de los medios, el consejero ha confirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha da la posibilidad a los ayuntamientos de la región para que, de forma voluntaria, puedan gravar con un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más elevado a aquellos propietarios que tengan un número elevado de inmuebles deshabitados.

"Es una medida que nos obliga la normativa estatal a establecerlo a nivel autonómico", ha defendido Ruiz Molina, quien ha explicado que con esta medida lo que se pretende es incentivar que estos inmuebles no estén deshabitados y que se produzca un mayor movimiento del parque de viviendas en la región.