El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha anunciado la aprobación del decreto que desarrolla la Ley de Autoridad del Profesorado. Esta norma, aprobada en mayo de 2012, reconoce como autoridad pública al docente, su presunción de veracidad respecto de los hechos con trascendencia disciplinaria, al tiempo que vela por su protección. Para Marín “un profesor protegido y formado es la mejor receta para acabar con el fracaso escolar”.
El titular de Educación ha destacado que el citado decreto da cobertura y protección a 31.000 profesores de Castilla-La Mancha. En definitiva, ha recalcado Marín, “lo que se hace es apostar por preservar el clima de convivencia en el centro educativo”.
La normativa tiene por finalidad establecer el conjunto de conductas infractoras y las medidas educativas correctoras aplicables por los centros educativos en aquellas actuaciones del alumnado y demás miembros de la comunidad educativa que constituyan un menoscabo de la autoridad del profesorado, de forma que se garantice el respeto y la protección de dicha condición a los mismos.
Por ello, se establece la homogenización de las medidas educativas correctoras o disciplinarias, así como de las conductas infractoras, para que todos los centros, ante la misma falta o hecho, tengan la misma respuesta.
El texto normativo en su articulado regula, entre otras cuestiones, “las injurias o humillaciones hacia el profesorado, particularmente aquéllas que se realicen en su contra por sus características personales, económicas, sociales o educativas; así como el acoso o violencia contra un miembro del Claustro, los actos perjudiciales para su salud o su integridad personal”, ha relatado Marín.
Asimismo, incluye las medidas correctoras de carácter educativo, como “la realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por un tiempo determinado en función de la gravedad de los hechos; así como la expulsión del centro”.
También se recogen en el capítulo III medidas explícitas de apoyo al profesorado, como son:
- La creación de una unidad administrativa con las funciones de atención, protección, asesoramiento y apoyo del profesorado, que atenderá cada caso de forma individual.
- Se establecerá un protocolo operativo de actuación de los centros educativos, en coordinación con la Consejería competente en materia de protección ciudadana.
- La Administración proporcionará asistencia jurídica al profesorado de los centros privados concertados en aquellos casos en que habiéndose producido una conducta contraria a las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula, la misma constituya un atentado contra la autoridad del profesorado.
Además, según se recoge en el texto del decreto, en el presente curso escolar 2012-2013 los centros educativos establecerán sus normas de convivencia, organización y funcionamiento, con sujeción a lo dispuesto en este Decreto y en la Ley de Autoridad del Profesorado.
El consejero de Educación se ha mostrado convencido de que “el sistema educativo debe velar por que en las aulas reine un clima de estudio, esfuerzo, convivencia, y superación personal”. En este sentido, ha proseguido, “el proceso de mejora para conseguir una enseñanza de calidad que trate de prevenir el fracaso escolar pasa por reforzar la autoridad del profesor como pieza esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que debe darse un clima de trabajo y respeto mutuo entre el alumnado y el profesorado”.
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