La Guardia Civil ha desmantelado en la marco de la operación 'Abanterum' una red criminal "altamente especializada" que se dedicaba a estafar a colectivos vulnerables, personas de edad avanzada, dependientes y en situación de discapacidad en toda España. Hasta el momento, se ha procedido a la detención e investigación de 21 personas, algunas de ellas residentes en Toledo.
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Según informa el Instituto armado, la investigación ha determinado la existencia de más de 500 personas a las que esta red estafó en La Rioja, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Galicia, Granada, León, Málaga, Madrid, Navarra, País Vasco, Segovia, Soria, Tarragona y Valladolid con un beneficio ilícito de más de 1.500.000 euros.
Hasta el momento, precisan las mismas fuentes, se ha procedido a la detención e investigación de 21 personas, once varones y diez mujeres, naturales de España y Argentina, con edades comprendidas entre los 23 y los 49 años y residentes en Alcorcón, Getafe, Madrid, Parla y Toledo, como presuntas autoras en diferentes grados de participación de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación de documento mercantil.
VENTA AGRESIVA
La Guardia Civil ha explicado que los integrantes de este entramado criminal empleaban "tácticas de venta agresiva" para generar confusión en las víctimas, con "constantes coacciones y amenazas", bien de manera presencial o a través de los 'call center' existentes en los locales desde donde operaban.
En algunos casos, añaden las mismas fuentes, las estafas han causado la "quiebra económica de familias enteras" tras haber desembolsado cantidades de 30.000, 50.000 y hasta 100.000 euros.
Se han llevado a cabo un total de cinco registros en empresas y domicilios -dos en Madrid, dos en Getafe y uno en Mejorada del Campo-, en los que se intervinieron "numerosos" ordenadores, material informático y "numerosa documentación" relacionada con la actividad delictiva.
La Guardia Civil ha informado asimismo de que la investigación ha impedido que este entramado llegase a utilizar una base de datos de reciente adquisición en el mercado ilícito que contenía las filiaciones "de otras 2.000 potenciales víctimas de idéntico perfil a las estafadas".
Según relatan las mismas fuentes, la red criminal adquiría paquetes de identidades en el mercado negro de personas que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas o bien habían sido víctimas de múltiples estafas. Una vez los estudiaban definían el método para defraudar el máximo dinero posible.
ENGAÑAR A LAS VÍCTIMAS
Uno de los 'modus operandi' consistía en engañar a las víctimas explicándoles que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas y que el contrato de compra les obligaba a adquirir las nuevas ediciones de forma que, ante la posibilidad de tener problemas legales, las víctimas compraban las colecciones valoradas entre los 1.900 y 3.000 euros.
En una ocasión se personaron en el domicilio de una víctima y manifestaban ser abogados de la editorial para instarle a abonar la deuda bajo amenaza de denuncia por impago. Si las víctimas tenían problemas económicos, les ofrecían la posibilidad de financiar la deuda falsificando contratos de los que los afectados asumían las consecuentes responsabilidades contractuales.
A esto se añade que en ocasiones estafaban doblemente a las víctimas, al ofertarles la subasta de las colecciones de libros que les habían vendido, "embaucándolos con precios sobredimensionados que garantizaban siempre que adelantasen unas cuantías que oscilaban entre los 3.000 y 8.000 euros para llevar a cabo la subasta".
El último escalón de la trama delictiva iba dirigido a víctimas que habían sufrido diversas estafas o ventas abusivas durante los últimos años. Los integrantes de la red se ponían en contacto con ellas y se hacían pasar por una asesoría jurídica para ofrecer sus servicios mediante la firma de un contrato anual de entre 2.400 a 3.400 euros.
La Benemérita ha explicado por último que la operación 'Abanterum' se enmarca en el Plan Mayor Seguridad que lleva a cabo la Guardia Civil en todo el territorio nacional para dar respuesta a las principales amenazas que afectan a la seguridad de las personas mayores, como son el maltrato, los robos y las estafas. Esta operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, la Unidad Técnica de Policía Judicial la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y coordinada por el Juzgado de Instrucción número dos de Haro.
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