Ante presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en las obras del polideportivo de Alovera (Guadalajara)
La Junta amplía la querella contra el anterior director general de Deportes y ve una presunta trama delictiva
El portavoz del Gobierno regional resalta que los castellano-manchegos “tienen derecho a conocer” cuál es el uso que hacen los gestores del dinero público
miércoles 23 de abril de 2014, 10:51h
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha ampliado la querella contra el director general de Deportes del anterior Gobierno socialista, Roberto Parra, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental relativos a unas obras en el polideportivo de Alovera (Guadalajara). El portavoz del Gobierno autonómico ha explicado que se trata de la ampliación de la querella presentada el pasado 17 de mayo por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, en relación con unas obras en los graderíos de un polideportivo en Ciudad Real, así como en los vestuarios de las mismas instalaciones.
Estas supuestas obras, que se habían certificado y pagado, nunca se llegaron a realizar y, ante la gravedad de los hechos, los servicios jurídicos de la Junta presentaron esta querella, que fue ampliada ayer, puesto que estamos ante unas prácticas idénticas a las referidas en Ciudad Real.Leandro Esteban ha indicado que, tanto en Ciudad Real como en Alovera, concurren hechos de similares características, se produce el mismo “modus operandi” e intervienen las mismas personas, por lo que, a su juicio, podría tratarse de una presunta trama delictiva.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas ha asegurado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha decidido acudir a los tribunales para exigir responsabilidades a los anteriores gestores, ya que, según ha resaltado, “el dinero público de los castellano-manchegos no puede ser mal empleado”. En este sentido, el portavoz del Gobierno regional ha destacado que los ciudadanos de Castilla-La Mancha “tienen derecho a conocer” cuál es el uso que hacen los gestores del dinero público.