El juez Santiago Pedraz ha logrado oficializar la apertura del juicio oral mediante el cual se revisarán las irregularidades cometidas en el Campus de Justicia (CJM). La Fiscalía acusa a todas las personas que intervinieron en el caso, ya fuese de forma directa o indirecta, por delitos de prevaricación y fraude a la Administración Pública.
Tres años de cárcel, petición de la Fiscalía
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Entre los principales acusados, el político del Partido Popular, Alfredo Prada, se enfrentaría a cuatro años y seis meses de prisión, mientras que el resto de perpetradores a tres años de cárcel cada uno. A su vez, la Fiscalía Anticorrupción solicita trece años de inhabilitación del cargo público.
Se ha fijado como fecha límite el 21 de septiembre de este año para presentar los escritos de defensa por parte de los representantes de los acusados en el Juzgado Central de Instrucción Cinco de la Audiencia Nacional.
A su vez, el juez Pedraz ha solicitado a los acusados una estimación de los bienes que poseen, con la precisión necesaria para garantizar la responsabilidad civil de cada uno de ellos. La suma de capital a deber puede ascender hasta los 40.000.000 de euros.
"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial", ha explicado el juez.
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