La Guardia Civil ha propuesto para sanción a dos personas de origen libio en aplicación de la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al ser identificados en un control en la carretera A-5 con una gran cantidad de dinero en efectivo y no poder justificar su procedencia legal.
Durante la realización de un dispositivo operativo encaminado a verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Estado de Alarma para evitar la propagación del coronavirus, agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Torrijos procedieron a dar el alto a un vehículo para identificar a sus ocupantes.
Dado el estado de nerviosismo de ambas personas y en prevención del transporte de sustancias prohibidas, tenencias de armas o efectos de ilícita procedencia, los guardias civiles comenzaron a inspeccionar el vehículo. En el registro exhaustivo del mismo se encontraron numerosos fajos de dinero en efectivo, divididos en billetes de 100, 50 y 20 euros, repartidos en varios compartimentos del coche, en los bolsillos de los abrigos y en dos mochilas en los asientos traseros.
Tras el hallazgo, se preguntó a los ocupantes por la titularidad, origen y destino de estos fondos, manifestando el conductor que procedían de Madrid con destino a Portugal para realizar un negocio de compraventa de vehículos pesados, aportando un documento expedido por una empresa portuguesa que le autorizaba para moverse por territorio español hasta el país vecino, pero que no justificaba la procedencia legal del dinero.
Los agentes se desplazaron a dependencias oficiales para llevar a cabo el conteo manual en presencia de los propietarios, dando como resultado una cantidad total de 97.000 euros divididos en varios fajos.
Tras corroborar que no excedía el umbral para transportar por territorio nacional, pero sí el máximo permitido para desplazamientos internacionales al manifestar que se dirigían a Portugal, conforme a la Ley 10/2010 de prevención de capitales y de la financiación del terrorismo la Guardia Civil intervino 95.000 euros en efectivo, entregando a cada ocupante 1.000 euros en concepto mínimo de subsistencia.
Los dos ciudadanos de origen libio fueron informados de los hechos, y todo fue puesto en conocimiento de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias mediante propuesta de sanción por una infracción administrativa de la citada Ley.
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