Una operación de la Guardia Civil, bautizada como 'Chancuatro', ha permitido desmantelar un nuevo entramado delictivo montado en torno a la desalación ilegal de aguas subterráneas, cuyo rechazo seguía siendo arrojado a los mismos pozos de los que se nutrían las instalaciones y, en otros casos, se vertía a ramblas que acababan desembocando en el Mar Menor, con la consiguiente afección ambiental a ese frágil ecosistema marino.
La investigación, que continúa abierta, se ha saldado por el momento con 68 personas imputadas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, como consecuencia de inspecciones realizadas en 52 fincas agrícolas, que han permitido localizar y precintar 60 plantas desalobradoras y 42 pozos irregulares.
Se trata de la tercera gran intervención policial de estas características desarrollada en la comarca del Campo de Cartagena, tras las denominadas 'Chandos' -iniciada en 2019 y que concluyó con 63 personas investigadas por delitos medioambientales- y 'Chantres', desarrollada en 2020 y que culminó con la investigación de otros 23 implicados.
A estas redadas hay que sumar las diligencias penales que se viene desarrollando en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia desde hace cuatro años, conocidas como 'Operación Topillo', en las que se investiga a unos sesenta responsables de importantes explotaciones agrarias por los vertidos de salmuera y nitratos al Mar Menor y al acuífero subterráneo.
El hilo seguido por los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se encuentra, una vez más, en el análisis de la abundantísima documentación que fue intervenida, durante un registro con autorización judicial, en la sede de una importante firma de dicada a las instalaciones eléctricas y a los automatismos. Esta mercantil se venía dedicando desde hace años al montaje de plantas clandestinas de desalobración para la agricultura, así como a garantizar su mantenimiento y funcionamiento mediante el suministro de productos desincrustantes. De ahí que las facturas y albaranes decomisados ofrecieran un valiosímo material para conocer qué fincas podrían tener en servicio, incluso a día de hoy, este tipo de instalaciones.
Tras el análisis de esa información, los especialistas del Seprona centraron su atención en 52 explotaciones y el pasado febrero desarrollaron un amplío dispositivo policial, en el que participaron técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en labores de apoyo y asesoramiento. Después de semanas de rastreos e inspecciones, el resultado ha sido el ya avanzado de 60 plantas desalobradoras y 42 pozos de captación de aguas en los que se detectaron todo tipo de supuestas irregularidades. Un total de 68 personas han resultado imputadas por su aparente responsabilidad en esos hechos, entre ellos varios responsables de la citada empresa de montaje de las desalobradoras.
Si (
No(
