Islas Baleares, Madrid, Cataluña y Andalucía no han pedido a los ministerios de Defensa y Sanidad más efectivos militares para ejercer el rastreo de coronavirus durante estos primeros meses de 2021 pese a contar con una trazabilidad de menos del 50%, las más bajas del país, lo que implica una deficiente labor de rastreo.
Solo Canarias y Castilla-La Mancha, con buenas cifras en su haber, han solicitado refuerzos. La trazabilidad, entendida como el porcentaje de casos de los que se conoce su origen, es uno de los indicadores del control –o descontrol– autonómico del covid. Los rastreadores, explican los especialistas, no solo sirven para cortar cadenas de transmisión y evitar el avance de la pandemia: también para conocer dónde se producen los contagios.
Según el último informe semanal del Ministerio de Sanidad, Asturias y Euskadi, con un 8,4% y un 1,4% respectivamente de trazabilidad, son las comunidades más retrasadas en esta labor. Sin embargo, fuentes cercanas a la gestión sanitaria de ambas comunidades indican que debe haber un error en el cálculo del Ejecutivo, porque cifras tan bajas son poco realistas. De hecho, Asturias lleva semanas reportando más de un 70% de trazabilidad en su web de datos. Islas Baleares es la tercera por la cola según el documento de la administración central, con un 13.2%. Su Consejería de Salud no ha podido confirmar a infoLibre si cuentan con un dato propio que desmienta lo calculado por el Ministerio.
La siguiente en discordia es Andalucía, con un 43,2% de trazabilidad, que no ha elevado ninguna solicitud a Defensa, aunque ya cuenta con 360 militares trabajando en ello. La Comunidad de Madrid (44%), que no hace cálculos públicos de trazabilidad, no ha pedido tampoco más rastreadores durante 2021 a pesar de que la cifra llegó a bajar del 20% en los peores momentos de la tercera ola. Pero cuenta con 150 de estos efectivos, que se suman a los trabajadores propios de la región (1.500 en total). Cataluña, con solo un 47% de casos de los que se conoce su origen, no ha requerido nunca a estos trabajadores, al igual que Euskadi.
7.500 efectivos militares, aseguran fuentes del Ministerio de Defensa, están formados y a disposición de las autonomías cuando lo requieran. Pero precisamente dos de las comunidades con más trazabilidad, lo cual indica una buena capacidad de rastreo, son las que han pedido refuerzos. Canarias ha solicitado recientemente 21 nuevos rastreadores y ya cuenta con 64, pese a que su trazabilidad es del 87,2%, la más alta de España según la recopilación de Sanidad –cuestionada por varias autonomías–.
Castilla-La Mancha ha pedido 100 y ya emplea a 141 militares para la labor, con una trazabilidad del 75,9%.
2.500 militares ya ejercen de rastreadores en todo el país. Se dividen así. Andalucía, 360; Aragón, 88; Asturias, 120; Baleares, 130; Canarias, 64; Cantabria, 126; Castilla-La Mancha, 141; Castilla y León, 360; Ceuta, 56; Extremadura, 90; Galicia, 190; La Rioja, 50; Madrid, 150; Melilla, 37; Murcia, 110; Navarra, 46; y Comunitat Valenciana, 384. Además, todas las regiones cuentan con equipos propios, aunque el número exacto es difícil de cuantificar. La mayoría de las administraciones autonómicas no publica estos datos y tienen diferente manera de contarlos: unas cuentan solo a los trabajadores con dedicación exclusiva a esta tarea y otras incluyen a personal sanitario con otras tareas.
Mediante un buen sistema de rastreo, las administraciones pueden identificar a cuántas personas transmite el virus un positivo y cuáles son los escenarios más comunes en los que se desarrolla: aunque siempre va a haber ámbitos fuera de su control, donde las personas que interactúan no se conocen entre sí. De esta manera, sus medidas pueden ser más exactas: decidiendo, por ejemplo, clausurar la hostelería o intentar limitar las reuniones en casa en base a la evidencia. Las comunidades que peor lo hacen evitan la ayuda de los militares.
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