Castilla y León está cerrada perimetralmente desde el viernes y durante 14 días, pero hay un paso más y es el cierre de las provincias con peores datos de positivos en COVID y que cumplen los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad para encuadrarse en distintos niveles de alerta, y el de los bares. Según publica eldiario.es la actividad hostelera quedará suspendida en todas las capitales a excepción de Soria en cuestión de días.
El vicepresidente, Francisco Igea, ya anunció que la Junta aprobará el próximo martes el documento en el que se trasponen los niveles de alerta que establece el Ministerio y que implica restringir la movilidad entre provincias o áreas de salud con alto número de positivos. Este es uno de los objetivos principales, cerrar perimetralmente, posiblemente a partir del martes, los municipios en peor situación. En este momento, Castilla y León está en riesgo extremo, con 700,59 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 452,73 casos de media en España.
BARES CERRADOS EN TODAS LAS CAPITALES EXCEPTO EN SORIA
El pasado jueves el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó al presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León, Santiago Aparicio, que en cuestión de días la mayoría de las provincias quedarían cerradas. Así, no sólo no se podrá entrar o salir de Castilla y León excepto por motivos justificados, tampoco estará permitida la movilidad entre provincias de la propia Comunidad. Pero el motivo fundamental de la conversación entre Fernández Mañueco y Aparicio fue suspensión de la actividad de los establecimientos hosteleros. Todas las capitales de Castilla y León, a excepción de Soria, tendrán sus bares y restaurantes cerrados hasta que la incidencia del virus disminuya.
El pasado martes la Junta ya anunció que haría llegar 17 millones de euros al sector hostelero en concepto de ayudas por la crisis de la COVID-19, de esta partida hay 5 millones de apoyo específico al mantenimiento del empleo.
Con estas medidas, la Junta intenta no tener que llegar a la definitiva y más dura, el confinamiento domiciliario, si bien se ha dado un plazo de tan sólo 10 días para evaluar el resultado del cierre de la Comunidad o la restricción de reuniones a 6 personas en ámbitos públicos y privados.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, cree que "no va a ser necesario llegar ahí" si los gobiernos autonómicos aplican "medidas contundentes". El actual decreto de alarma no permite que las comunidades apliquen el confinamiento y por eso Castilla y León ha pedido uno nuevo. Según Illa, el decreto que se prorrogará hasta mayo ni está ni se va a quedar "obsoleto". Mientras, la Junta está dispuesta a restringir al máximo la actividad no esencial. Si el confinamiento no puede ser como el de marzo, o programado por cortos espacios de tiempo, se intentará que haya pocos lugares a dónde ir.
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