Con la declaración del exabogado de PODEMOS, José Manuel Calvente, este jueves en sede judicial reafirmándose en presuntas irregularidades de la formación a la que perteneció no sólo en materia de financiación sino en estrategias procesales sobre el ‘caso Dina’ la actualidad vuelve a poner al partido del vicepresidente Pablo Iglesias en el foco mediático.
Pero todo esto no es nuevo. Un político de Talavera de la Reina, ahora senador y presidente del Partido Popular en la provincia de Toledo, ya planteó sus dudas y pidió explicaciones por escrito en la Cámara Alta sobre estos asuntos.
José Julián Gregorio López, otrora concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica, formuló una pregunta por escrito al Gobierno de España y más concretamente al ministro del Interior sobre las acusaciones de la exmilitante de PODEMOS Mónica Carmona en relación a una carta que ella envió a la dirección del partido político.
En esa misiva, Carmona ponía de manifiesto que su cese y el de Calvente respondían a “represalias” porque “estábamos investigando graves irregularidades de Podemos en materia de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo Penal y en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido”, según sus palabras textuales.
Para que ustedes puedan situarse, lo que la exabogada de la formación morada aseguraba es que “mi obligación es advertir de las irregularidades cometidas por los miembros del partido (…). Estoy hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la relación de consultas y primarias del partido”. Pero, además, hablaba de “si finalmente resultara la existencia de delitos (…) los acuerdos del Consejo de Coordinación se considerarían un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento”. Este documento, que ofrecemos junto a estas líneas, está fechado el 3 de noviembre.
Pues bien, en mayo pasado, José Julián Gregorio fue más allá por las informaciones con que contaba y preguntó al Gobierno de España si “¿Se ha sugerido por parte de algún partido para que Mónica Carmona no hablara con las FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y así se silenciara esta grave denuncia que afecta a un partido político en concreto? ¿Su ministerio no trasladó estas supuestas acusaciones al ministerio fiscal y por qué?”.
Puestos al habla con Gregorio, éste ha asegurado a La Voz del Tajo que “cuando (Mónica Carmona) quiere dar a conocer todo lo que ocurre en el interior de su Partido –porque lo quiere denunciar como su colega José Manuel Calvente– desde la UDEF, presuntamente, se le indica que lo haga por teléfono. Algo a todas luces muy irregular, muy extraño y que levanta muchas sospechas y esto ante una denuncia por escrito de una persona que conoce muy bien el mundo procesal”.
Al pedirle una respuesta más amplia sobre los datos con que cuenta el senador, nos ha remitido una carta que les ofrecemos a continuación donde explica sus dudas, sus indicios y sus conclusiones.
Conclusiones que, según él, no fueron resueltas en la respuesta que el pasado 21 de julio le fue remitida por el Gobierno de España en la que simplemente se le comunicaba que “En relación con las cuestiones formuladas, se informa que el Gobierno no se hace responsable de las actuaciones que realicen los partidos políticos. Cumple con la legalidad vigente, por lo que en caso de que se tenga conocimiento de indicios de delito, se da traslado a la autoridad competente”.
A partir de ahí, todo queda en el aire y en el tejado de la Justicia aunque el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez es claro a la vista de estas palabras: “en caso de que se tenga conocimiento de indicios de delito, se da traslado a la autoridad competente”.
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No(
