Ante las medidas anunciadas en el día de hoy por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que afectan especialmente a la hostelería, desde Hostelería de España consideramos que no se puede responsabilizar a un sector y centrar todas las actuaciones sobre el mismo, sin contemplar en ningún momento medidas compensatorias, para un sector que supone el 6,2% del PIB, y que da empleo a 1,7 millones de personas.
La caída de la demanda que sufre la hostelería supone que a día de hoy un 20% de los negocios hosteleros no hayan podido abrir todavía, y se estima que de aquí a final de año unos 65.000 establecimientos hosteleros cierren definitivamente, suponiendo una pérdida de empleos, entre directos e indirectos, de entre 900.000 y 1,1 millones. Situación que puede empeorar si siguen regulando en la línea de lo anunciado hoy, sin contar con el sector y sin ofrecer soluciones de apoyo a la demanda y que garanticen la viabilidad de los negocios.
Desde Hostelería de España creemos que ante los alarmantes rebrotes debe actuarse con contundencia, y la seguridad de todos debe primar en las decisiones, pero incidimos una vez más, en la sensación de improvisación y falta de coordinación y claridad por parte del Gobierno, lo que impide a los empresarios poder establecer un plan de actuación y una correcta organización, con el consiguiente impacto adicional en su actividad. Desde el sector se reclama ,de nuevo, al Gobierno trabajo conjunto en la búsqueda de soluciones para que éstas no supongan el hundimiento definitivo del sector. Esta precipitación supone un grave perjuicio económico y empaña la imagen de un país en el que el turismo supone el 12,3 % del PIB (datos INE).
Para José Luis Yzuel, presidente de HOSTELERÍA DE ESPAÑA: “es increíble que se esté demonizando a un sector que, en su gran mayoría, se ha comportado de manera ejemplar, y desde el primer momento ha asumido medidas mucho más rigurosas de las que se han impuesto a otros actividades. Atacar a los negocios hosteleros no es la solución a un problema que debe pasar por la responsabilidad y cumplimiento de la normativa por parte de todos, así como por un plan de prevención por parte de las Administraciones”. Asimismo reclama mayor rigurosidad y añade que “no hay evidencias científicas que avalen las decisiones adoptadas”
El sector no puede seguir asumiendo acciones restrictivas de su actividad sin medidas de carácter compensatorio, tanto sobre las empresas como el empleo. En estos momentos, la limitación de recursos no puede ser excusa puesto que las CCAA disponen de fondos de aplicación al refuerzo del sistema y las medidas sanitarias. Se están aplicando medidas cuyo contexto es 100% sanitario y, por ello, tanto desde el gobierno central como desde las CCAA se debería contemplar, cada vez que se produzcan medidas restrictivas a la actividad económica, destinar parte de esos fondos a complementos de recursos que preserven el empleo.
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