Según informa hoy el diario El País en su edición digital, con firma de JJ Gálvez y Óscar López-Fonseca,eEl Ministerio del Interior informó este viernes que las fuerzas de seguridad dictaron solo el jueves hasta 9.497 nuevas propuestas de sanción, que se suman a las más de 600.000 emitidas desde la declaración del estado de alarma. Esta ingente cantidad de multas ha provocado que surjan voces —como la Abogacía del Estado— que hablan de un uso excesivo de este recurso. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre si se está actuando de forma “correcta y proporcional”. El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, desveló este viernes su iniciativa e informó de que ya ha solicitado al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska toda una batería de datos sobre las multas tramitadas por los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como las instrucciones que han recibido al respecto. “El objetivo es llevar a cabo un análisis global del régimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional”, subrayó en un comunicado, donde indicaba que también ha planteado tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad para “proteger a los ciudadanos ante las restricciones de derechos”. Entre ellas, elaborar unas instrucciones internas donde se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas. Aunque no ha obtenido todavía respuesta. Esta medida del Defensor surge después de que alguna fiscalía, subdelegación del Gobierno, juristas, ONG y la propia Abogacía del Estado hayan planteado sus dudas sobre el sistema de sanciones puesto en marcha por Grande-Marlaska. El ministro del Interior ha dado órdenes a los agentes para que apliquen la Ley de Seguridad Ciudadana —bautizada como ley mordaza, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y que el PSOE prometió derogar— contra todos aquellos que burlen el confinamiento. Imponiéndoles así multas de, por ejemplo, 601 euros por un “desplazamiento no autorizado”, que puede dispararse hasta los 2.000 euros si los agentes creen que el infractor les ha “menospreciado”.
En este caso, según una comunicación interna del Ministerio firmada por Marlaska, se considera que el mero hecho de estar en la calle sin motivo ya supone una infracción administrativa por desobediencia de las medidas dictadas por el Gobierno en el estado de alarma, de “amplísima difusión” a través de la prensa y el BOE. Una tesis que rechazan algunos juristas y la Abogacía del Estado, que en un informe subrayó que la ley requiere que el ciudadano que vaya a ser multado haya sido advertido previamente y personalmente. “Las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana solo deben imponerse a quienes son descubiertos saltándose las indicaciones del estado de alarma y, además, se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad”, insiste el colectivo Defender a quien defiende, que aglutina a abogados y organizaciones de derechos humanos. En esa misma línea se pronuncia también Carlos Viader, juez de lo Penal y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV): “Si desobedecer una norma fuese infracción por desobediencia, entonces todo lo sería. Lo hay cuando un policía te da una instrucción y tú pasas olímpicamente”.
Un cuestionamiento que no acaba ahí. La delegación del Gobierno de Madrid también decidió consultar a la Abogacía del Estado al respecto, según consta en una nota informativa interna de la Dirección General de la Policía del pasado 24 marzo, donde se añade que diversos “actores” —como la Fiscalía de Benidorm y la subdelegación del Gobierno de Alicante— dudan que pueda aplicarse la ley mordaza como se está haciendo: “Pues implicaría la necesidad de un apercibimiento previo”, alertaban. Sin embargo, un portavoz de Interior defiende que la propia promulgación del decreto actúa como ese “requerimiento previo” y, además, recalca que las fuerzas de seguridad están actuando siempre con “proporcionalidad”.
Eso sí, estas críticas al plan de multas se suman a algunas agresiones policiales que se han denunciado, aunque el ministerio considera que se trata tan solo de casos residuales. Pese a ello, este uso abusivo de la fuerza ya lo ha puesto sobre la mesa Unidas Podemos en el seno del Gobierno, según fuentes próximas al Ejecutivo. Por su parte, sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles defienden la actuación de los agentes. Pablo Pérez, portavoz de Justicia Policial (Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional), niega que las patrullas estén siendo estrictas con los ciudadanos: “Lo primero que hacemos es empatizar con la gente que se ha saltado el confinamiento para concienciarles de que el estado de alarma es por el bien común, pero si insiste en su actitud se les propone para sanción. Simplemente se está cumpliendo la ley”.
“Estamos para hacer cumplir”
Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), considera que la cifra de más de 600.000 sanciones propuestas no puede verse simplemente como “un dato estadístico”, sino que debe valorarse en el actual contexto de crisis que sufre España y el mundo. “Los policías estamos para hacer cumplir el estado de alarma con las herramientas a nuestro alcance, entre ellas la Ley de Seguridad Ciudadana”, dice. En la misma línea se manifiesta Francisco Pajuelo, portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), quien insiste en que los agentes están “cumpliendo con las directrices que nos han impartido el Gobierno de acuerdo con las leyes”.
En este sentido, Pajuelo sí reclama “instrucciones claras” por parte de Interior. Juan Fernández, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), cree que “sería una lástima si finalmente el trabajo de los guardias civiles y policías no cumple el cometido que tiene, conseguir que la gente respete el estado de alarma por el bien de todos”. Para Fernández, si esas propuestas de sanción son anuladas, se perdería “el ingente trabajo que se ha hechos estas semanas” y ello provocaría “un enorme malestar” en las Fuerzas de Seguridad.
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