El Gobierno ha anunciado un permiso retribuido con el pretexto de reducir la movilidad. Sin poder ofrecer otra valoración antes de que el anuncio se concrete en el BOE, debemos tener en cuenta varias cosas:
Es muy precipitado tomar decisiones en base a un anuncio. El Gobierno nos tiene acostumbrados, en estas dos últimas semanas, a que dice una cosa en sus anuncios y en el BOE escribe otra, si no distinta, sí con matices.
El anuncio se toma en pleno fin de semana impidiendo a las empresas poder organizar su cierre con tiempo suficiente.
Las empresas deben tener claro que el Gobierno, en su anuncio y, previsiblemente en el BOE se ha dirigido directamente a los trabajadores, no a las empresas. Y ordena (a los trabajadores) quedarse en casa y les concede un permiso retribuido que va a tener que pagar la empresa. Por tanto, es claro que acaba de decretar una obligación que se dirige a los trabajadores que si se incumple por la empresa puede dar lugar a un posible delito contra los derechos de los trabajadores. Si hubiera despido éste podría ser nulo.
La valoración que FEDETO puede dar en relación a este nuevo anuncio es que nos encontramos ante una nueva improvisación de incalculables consecuencias. Si en el Decreto publicado hoy los despidos basados en el coronavirus eran declarados improcedentes por el gobierno, pocas horas después se nos anuncia que, ahora, serán nulos de pleno derecho, dado que se ha establecido un permiso retribuido gubernamental. El gobierno basa esta nueva orden en un pretexto, reducir la movilidad para garantizar la salud. Sin embargo, al adoptar esta nueva decisión de forma totalmente unilateral, parece que su objetivo es poner fin a la cantidad de prestaciones que se está viendo obligado a abonar el estado por los miles de ERTES que se han autorizado en unos pocos días.
El gobierno se ha instituido a sí mismo en gerente de las empresas privadas y actúa sobre ellas como si fueran empresas públicas. Si el gobierno no tuviera como objetivo dejar de pagar prestaciones, habría decretado el cese de la movilidad y habría permitido a las empresas adoptar sus propias decisiones, Si el gobierno velara por las empresas habría adoptado, además, medidas para desahogarlas financieramente, eliminado cotizaciones e impuesto.
Pero no, les impone el pago de un permiso retribuido que muchas sólo van a poder pagar si obtienen financiación, algo que no es posible en estos momentos para muchas de ellas, sobre todo, para pymes y autónomos.
En estos momentos, y de materializarse este nuevo anuncio, resultan ya incalculables los daños para la economía en general y para las empresas en particular. Los cierres de empresas se van a contar por miles y los parados, en el medio plazo, por millones. Lamentamos una vez más que no se adopten medidas para salvar a pymes y autónomos y con ellos a la economía española.
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