Está claro que esta crisis de salud a consecuencia del COVI-19 no parece ser fácil de asumir. Desde las altas instancias se apela por activa y por pasiva, tras el decreto de Alarma del gobierno de Pedro Sánchez, que es una cuestión de responsabilidad colectiva, que sin duda empieza por la individual. Las medidas adoptadas han sido tan claras que algunos siguen sin enterder lo que no cumplirlas puede significar para esta España, que necesita de todos nosotros más que nunca en la historia de nuestra democracia, como queda reflejado en el estado de alarma, que prevé limitar la circulación de personas, intervenir fábricas, requisar bienes o imponer sanciones.
Esta medida está recogida en el artículo 116 de la Constitución española y se desarrolla en la Ley Orgánica 4/1981 de Estado de Alarma, Excepción y Sitio, donde se prevé su declaración ante, entre otras circunstancias, "crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves". Entre las potestades que otorga al Gobierno está la de limitar la circulación de personas o intervenir fábricas, requisar bienes, imponer prestaciones personales obligatorias o sanciones para su cumplimientos. Pues bien, apenas una hora con el Real Decreto en vigor y las primeras multas no han tardado en llegar para los irresponsables de turno. Aquí están las imáganes para que los que estuvieran dispuestos a imitarles se lo piensen.
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