La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este miércoles que en 2020 ya no es posible aprobar la liquidación definitiva del IVA de las comunidades autónomas de 2017, pero sí se mostró dispuesta a estudiar "medidas paliativas" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Montero, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha señalado que es un "tema heredado" del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que el Gobierno trató de corregirlo en los Presupuestos de 2019, que el PP "tumbó" a pesar de que ahora "exigen arreglarlo". "En 2020 no es posible acometerlo, lo cual no quita que tomemos medidas paliativas", ha apuntado la ministra, que se ha quedado de que cuando "se perpetran los hechos", nadie dice nada y cuando se intenta arreglar es cuando se plantean las exigencias. "Hemos intentado arreglarlo en 2019 y tumbaron los Presupuestos, no puede ser que el PP exija una cosa y tumbe lo que permite arreglarlo", ha añadido. Preguntada por las "amenazas" de algunas comunidades gobernadas por el PSOE como Aragón o Castilla-La Mancha de acudir a los tribunales si el Gobierno no reparte los 2.500 millones de euros del IVA de 2017, Montero ha señalado que es "una roca para las amenazas" y que el Ministerio de Hacienda "no puede responder a base de amenazas", sino con criterios "justos" y que permitan asegurar que todas las comunidades tienen el mismo trato. "No me siento amenazada con la carta", ha afirmado la ministra, en referencia a la misiva que este martes envió el presidente de Aragón, Javier Lambán, dando al Ministerio de Hacienda un plazo de 15 días para solucionar este tema y el anuncio de "acciones legales" en caso de no realizarse el pago en este tiempo. "Cada uno expresa su opinión como quiere (...) y las comunidades tienen derecho a acudir a donde quieran", ha precisado.
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido este miércoles en que el IVA de 2017 se tiene que devolver a las comunidades autónomas "de una manera o de otra" porque es algo "evidente", de hecho --ha recordado-- hubo previsión presupuestaria en el presupuesto que no se llegó a aprobar del PSOE con Unidas Podemos. A preguntas de los medios antes de protagonizar un desayuno informativo en Guadalajara organizado por el periódico Nueva Alcarria, García-Page ha explicado, tras la decisión tomada por el Consejo de Gobierno de la región, que para poder hacer una reclamación judicial propiamente dicha primero tiene que haber una negativa administrativa. "La ley obliga a agotar primero los trámites administrativos antes de poder acudir a los tribunales, ya que si no se perdería por cuestiones de forma. Hay que hacer las cosas correctamente", ha dicho el presidente regional, quien está convencido de que "de una manera o de otra se va a tener que llegar a un cierto consenso". Además, ha defendido que éste "no es un problema ideológico" sino que "es un problema de obligación patrimonial". "Yo estoy obligado a reclamar las deudas", ha sentenciado García-Page, quien ha lamentado que "un problema de Montoro hoy lo tenga que abordar la ministra Montero y en un momento de estrechez económica".
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