La Junta se compromete a proteger los derechos del colectivo LGTBI

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adquirido el compromiso de diseñar, redactar y consensuar con todos los colectivos y con la sociedad civil una ley de protección de los derechos de los colectivos LGTBI. Así lo ha manifestado esta mañana la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.

“Las personas que están sometidas a algún tipo de discriminación, insultos o vejaciones, muchas veces por su identidad sexual o de género, necesitan el compromiso firme de un Gobierno como el de Emiliano García-Page porque entendemos que tenemos que defender sus derechos”, ha expresado la consejera.

Blanca Fernández ha defendido que en pleno siglo XXI no se entiende ninguna forma de discriminación y en ese sentido, ha agradecido a los grupos representados en las Cortes que tengan un discurso sin ambages en defensa del colectivo LGTBI: “hoy puedo constar que el discurso del odio no ha entrado en las Cortes de Castilla-La Mancha así que les doy las gracias en nombre del Gobierno. Compartir los valores es esencial y en tiempos tan convulsos como estos, en los que hay que explicar lo obvio, que no haya que hacerlo en las Cortes regionales, demuestra que tenemos el camino bastante andado”. Compartir esta visión facilita la ley que está elaborando el Gobierno “que les felicita y les tiende la mano”.

Precisamente la futura ley de protección de los derechos de las personas LGTBI pondrá especial énfasis en las zonas rurales “porque entendemos que es más difícil en un entorno más pequeño ejercer la libertad sexual, hacerlo sin presiones y hacerlo de manera libre. Y en ese sentido, con el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, haremos especial énfasis en las zonas rurales porque el 80 por ciento del territorio es eminentemente rural”.

La consejera también ha recordado que el Gobierno regional pondrá en marcha el año próximo la asignatura ‘Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad’ con la que “se pretende educar a personas maduras que sepan vivir su libertad con madurez, pero también respetar la libertad de los demás. Tenemos mucha confianza y expectativas en esta asignatura”.

Después de cuatro años de parón, fue en la pasada legislatura cuando el Ejecutivo autonómico recuperó la estrategia de la defensa de los derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI con diferentes medidas, entre ellas el diseño y puesta en marcha del Protocolo Trans, la activación de una convocatoria de subvenciones para realizar actividades para la defensa de sus derechos y el compromiso de desarrollar una ley que les proteja frente a situaciones indeseables en pleno siglo XXI.