C-LM pedirá en la Conferencia Sectorial de Igualdad acabar con el régimen de visitas para los maltratadores

Castilla-La Mancha quiere abrir el debate nacional sobre la necesidad de acometer cambios normativos para evitar que aquellos hombres que hayan sido condenados por maltrato puedan ver a sus hijos e hijas en régimen de visitas. Para ello, va a elevar esta cuestión al seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad.
"En nuestro país hay que hacer una reflexión sobre si tenemos que someter a los niños y las niñas que son víctimas de violencia de género a tener régimen de visitas con maltratadores que han sido condenados en firme. Les puedo decir, por la experiencia que tenemos en Castilla-La Mancha, que para ellos es muy malo, nefasto desde el punto de vista psicológico", ha advertido la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, en una entrevista con Europa Press.
Y es que, según la responsable castellanomanchega de Igualdad, los profesionales del programa de asistencia psicológica a menores víctimas de violencia de género cuentan que "cada fin de semana que estas criaturas tienen que ver a sus padres, condenados por maltrato, la herida se vuelve a reabrir". "Y esto de forma permanente. Es muy difícil que cierre mientras esta situación permanezca", ha prevenido.
"El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende el interés superior del menor sobre todas las cosas, sobre cualquier circunstancia. Hay que hacer una reflexión muy en serio en nuestro país sobre si lo normal es que los maltratadores tengan derecho a visitar a sus hijos. Esto debería ser lo excepcional y deberían demostrar que están capacitados para verlos", ha señalado.
De ahí que la responsable de Igualdad haya asegurado que elevará los datos de los que dispone en este sentido ante la Conferencia Sectorial del ramo para abrir el debate en la esfera nacional.
"Son las víctimas que no tienen voz. A veces, algunos de ellos, han recibido la primera paliza en el vientre de su madre y es muy complicado que ellos puedan hablar, a veces no lo hacen durante muchos años. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que darles voz", ha insistido.
Por último, y tras asegurar que aún no ha tenido contactos con otras regiones para abordar esta cuestión pues, antes de hacerlo, quiere aportar un estudio "riguroso y serio", la consejera de Igualdad ha destacado que alguna comunidad, como Extremadura, se ha interesado por el programa autonómico de asistencia psicológica a menores víctimas de violencia de género implantado en Castilla-La Mancha desde el año 2014.
Y es que el Ejecutivo castellanomanchego, por medio de la delegada de Igualdad en Toledo, presentó este programa como referente de experiencia y buenas prácticas en unas jornadas organizadas este mes de diciembre por el Instituto de la Mujer de Extremadura, con el objetivo de ampliar el conocimiento de sus profesionales en este ámbito de actuación.
"Castilla-La Mancha ha podido dar cuenta en una ponencia de su experiencia con menores. Entiendo que debería funcionar en toda España. Creo que nuestra experiencia puede servir para que así sea", ha concluido.
AYUDAS A MENORES HUÉRFANOS
De otro lado, y sobre el periodo de información pública abierto por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha sobre la modificación del Decreto que regula la concesión directa de ayudas a menores de edad en situación de orfandad por violencia de género, la consejera ha asegurado que no se ha registrado aportación ninguna.
"Entiendo que no se va a producir porque lo que se hace, con esta modificación, es ampliar a todos los supuestos una ayuda que socialmente es más que compartida a fin de perfeccionarla. Pero si hay alguna sugerencia que suponga mejora, se integrará", ha dicho.
"La ciudadanía de Castilla-La Mancha entiende que a un niño o una niña que se le ha arrebatado lo más importante que tenía en su vida no se le puede dejar en situación precaria, y mucho menos dependiendo del asesino de su madre. Hemos estimado que una vez corregido el decreto llegaremos al 100% de los niños y niñas que se encuentran en esta situación en Castilla-La Mancha, que son 13", ha recordado.
"Algunos de ellos, aunque sus madres fuesen asesinadas en la región no viven aquí. Otros casos, como el sucedido en Cataluña, donde el maltratador asesino dejó morir a su pareja de hipoglucemia y lo grabó en vídeo, el niño vive en la región. Estamos en contacto con todas las familias y esta realidad nos hizo ver que había que modificar el decreto", ha concluido.