CLM pone en marcha leyes de Estatuto de Mujeres Rurales, Economía Circular, Evaluación Ambiental y Participación

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su sesión de este viernes hasta cuatro anteproyectos de ley --del Estatuto de Mujeres Rurales, Economía Circular, Evaluación Ambiental, y Participación-- que serán registradas el próximo lunes en el Parlamento regional para iniciar su trámite parlamentario.

Según ha informado la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, en rueda de prensa, se trata de cuatro textos legislativos cuya confección arrancó en la pasada legislatura.

En cuanto al Estatuto de la Mujer Rural, ha puesto en valor que pretende visibilizar a la población femenina de estas zonas, además de apoyarlas en la inserción laboral o la conciliación. "De ellas depende la supervivencia de nuestro campo", ha avisado.

En todo caso, ha reparado en que más de 800 mujeres se incorporaron al campo en la pasada legislatura pese a no tener este marco legislativo, dato que ha celebrado junto al del aumento de la titularidad compartida de explotaciones agrarias en el pasado mandato.

Sobre la Ley de Economía Circular, nace para impulsar un cambio del modelo productivo que puede acarrear 30.000 nuevos empleos. "Esta ley será la primera sobre esta materia en España", ha dicho, añadiendo que incorpora los incentivos para las empresas que apuesten por la economía circular; tasas para la gestión en vertedero de residuos potencialmente recuperables y fianzas para las empresas que gestionen residuos peligrosos en Castilla-La Mancha dentro de la Estrategia Regional de Lucha contra el Cambio Climático.

En el anteproyecto de Ley se reconoce como economía circular el modelo económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que optimiza el uso de los recursos naturales; cierra los ciclos de agua, energía y materia; minimiza los impactos ambientales; y fomenta la eficacia al conseguir que los productos y recursos mantengan su utilidad y valor el mayor tiempo posible.

Por tanto, la portavoz del Gobierno castellano-manchego ha incidido en que "se trata de cambiar los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, reduciendo con ello el consumo de materias primas, energía y recursos y, a su vez, evita emisiones y pérdida de materiales".

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Al respecto de la legislación sobre evaluación ambiental, ha apuntado que pretende simplificar la interpretación de la normativa para los múltiples actores que intervienen en los procedimientos de evaluación ambiental, como son ciudadanos y empresas; funcionarios del órgano ambiental y otras administraciones que tienen que dar la última autorización a los proyectos.

"Se trata de facilitar la tarea, en especial a los pequeños ayuntamientos, o bien los organismos o entidades consultadas. De esta forma se evitarán inseguridades jurídicas y falta de claridad", ha remarcado Fernández.

Entre los aspectos más novedosos de la ley está la posibilidad que se le da al órgano ambiental para que no admita un proyecto por la inviabilidad manifiesta o por calidad insuficiente de la documentación; algo que en estos momentos no se produce.

Otro aspecto novedoso de la ley es que no necesitarán evaluación ambiental simplificada los proyectos tan pequeños que por sus características no generan un impacto medioambiental significativo, pero que en la actualidad requieren de esta evaluación, "provocando un freno al desarrollo económico y social en el medio rural", ha afirmado la portavoz.

LEY DE PARTICIPACIÓN
Por último, de la Ley de Participación Ciudadana, Fernández ha destacado la contribución de más de 700 personas y 70 entidades en la elaboración del anteproyecto, una normativa que regulará el procedimiento para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión sobre políticas públicas de Castilla-La Mancha, ya que hasta ahora había procesos de participación que no tenían reglas claras.

Además, la futura ley incorpora tres elementos, como son los presupuestos participativos, la rendición de cuentas de cargos públicos y la evaluación y control de las políticas públicas.

Según ha dicho sobre esta ley, respeta al completo el trabajo realizado por el director general de Participación Ciudadana en la pasada legislatura, José Luis Gascón, nombrado por Podemos.