Preocupación por la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 15 millones de euros a los trabajadores de los planes de empleo

El varapalo judicial que ha supuesto la sentencia sobre los salarios de los trabajadores de los planes de empleo preocupa seriamente al PSOE, aunque, según el portavoz, “el alcalde ni nos ha llamado a la oposición para explicarnos la sentencia ni para debatir lo que se puede hacer”.

Para el portavoz, José Gutiérrez, “es lógico que se recurra, porque hay que mirar lo primero por los intereses del Ayuntamiento, pero un asunto de tal envergadura puede reventar las costuras presupuestarias del Ayuntamiento, porque estamos hablando de una cantidad muy importante”.

Gutiérrez ha criticado la prepotencia del Gobierno, “de saltarse la negociación colectiva, y directamente, delegar en IPETA, donde no hay parte social y no tiene que dar cuenta a nadie. De esos polvos vienen ahora estos lodos”.

Para el portavoz, es lo mismo que está pasando en las mesas de negociación del Ayuntamiento, en la oferta de empleo público, con todo judicializado, “porque la prepotencia y la chulería es lo que tiene”.

RAMOS CONFIRMA EL RECURSO

El alcalde, Jaime Ramos, ha confirmado que el Ayuntamiento recurrirá la decisión del Juzgado de Primera Instancia sobre las diferencias salariales de los trabajadores de los planes de empleo en relación con los funcionarios de carrera, toda vez que ha sido notificada hoy.

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha avanzado que la Junta de Gobierno tomará conocimiento oficial mañana y recurrirá una sentencia “con la que no estamos de acuerdo”.

Ramos ha dicjho que los planes de empleo “siempre” se han llevado a cabo en el Ayuntamiento siguiendo el mismo procedimiento, “y si en algún momento hemos tenido dudas, se han pedido las autorizaciones pertinentes a la Junta, que están registradas por escrito”.

Por últumo, el regidor ha asegurado que si esta sentencia fuera de aplicación en toda España, “supondría la desaparición de los planes de empleo” y se ha mostrado convencido del fallo a favor del Ayuntamiento cuando se recurra la decisión judicial, ya que esta primera “es inaplicable”.