El Juzgado de Badalona ha autorizado la entrada y registro en el Ayuntamiento de Illescas (Toledo), dentro de la operación lanzada este martes por la Fiscalía Anticorrupción junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por los contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios de toda España.
Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en nota de prensa, el Juzgado de Badalona también ha autorizado la entrada y registros en los siguientes ayuntamientos: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.
Este mismo Juzgado, según la nota de la Fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.
AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS
Desde el Ayuntamiento de Illescas han informado, mediante un comuicado, que se ha puesto a total disposición de los agentes toda la documentación requerida y durante el día de hoy se prestará declaración ante la Policía Nacional por parte de las autoridades municipales que se estimen oportunas, "con la finalidad de esclarecer la situación contractual con la empresa investigada".
UDEF
La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que la operación lanzada este martes junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) prevé la detención de "diversas autoridades y funcionarios", así como que los hechos investigados están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.
Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local". Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
"Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal", ha señalado Anticorrupción. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.
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