El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, ha valorado la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género que impulsa el Ejecutivo autonómico como un texto normativo con el que Castilla-La Mancha “vuelve a ponerse a la vanguardia” en las garantías, protección, ayuda y en “el estímulo de sensibilización y de cambios en las políticas de lucha contra la violencia machista”.
Así lo ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha durante la presentación del anteproyecto de esta ley, que se ha celebrado este lunes en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno regional. Un acto en el que el presidente del Ejecutivo autonómico ha estado acompañado por la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez; y el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando.
El presidente regional ha asegurado que la nueva normativa “es una ley trascendente” ya que combate de raíz una doble tendencia humana hacia la violencia y la desigualdad, al mismo tiempo que ofrece tanto a las mujeres víctimas de violencia machista como a sus hijas e hijos el “panorama más amplio” de sensibilización, educación, ayuda, amparo y garantía de seguridad en la lucha contra la violencia machista de cuantas existen actualmente.
“Hoy es uno de los días importantes en la agenda política de este año”, ha recalcado García-Page, quien ha recordado el papel pionero a nivel europeo que tuvo Castilla-La Mancha con la aprobación de la primera legislación en la materia en 2001.
Tal y como ha destacado el presidente, esta ley recoge “una casuística muchísimo más amplia, pormenorizada y sensible” que comienza, por primera vez, a hablar de los hijos de la violencia machista y que extiende el espectro de personas amparadas por esta normativa, “empezando por las madres de los hijos que son víctimas de violencia de género”.
Del mismo modo, ha destacado el alto grado de participación con el que ha contado esta normativa en su confección y ha expresado su deseo de que alcance el apoyo unánime de las fuerzas políticas con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha cuando comience su tramitación parlamentaria.
No obstante y, tal y como ha adelantado García-Page, esta nueva normativa estará abierta a futuras modificaciones que, como ahora, consigan adaptarla a las necesidades que vayan surgiendo y a la realidad del contexto social del momento.
El presidente del Ejecutivo castellano-manchego ha incidido en el carácter trasversal de las políticas de igualdad, que impregna tanto las decisiones como los programas y planes que dependen de “todas y cada una de las áreas” de gestión de la Administración regional. “Todas las decisiones de gobierno han pasado por el filtro de las políticas de igualdad en su conjunto y, particularmente, por las políticas de igualdad entre hombres y mujeres”, ha hecho hincapié García-Page.
En este contexto, el presidente regional ha anunciado que la Ley de Presupuestos del próximo ejercicio deberá contener, por primera vez, un informe de sostenibilidad de los planes de igualdad a nivel general para poder ser aprobada.
NOVEDADES DE LA LEY
Araceli Martínez ha destacado que esta legislación ha sido la más participativa y participada de la historia de Castilla-La Mancha aunque ha señalado que “hay que seguir profundizando para dar con los resortes adecuados que nos permitan erradicar la violencia de género”
“El 95 por ciento de las medidas que recoge este anteproyecto de Ley ya están puestas en marcha y, además, la viabilidad económica de la misma está garantizada tanto en los presupuestos de 2017 como de 2018”, ha dicho.
Dentro de las novedades más importantes que recoge este documento se encuentra la consideración de víctimas de violencia de género a las madres cuyas hijas e hijos sean asesinados por el padre o por el hombre con el que estas tuvieran o hubieran tenido una relación afectiva de pareja para causarlas un mayor sufrimiento. Esta casuística, ha añadido la responsable del Instituto de la Mujer, “no la contempla el ordenamiento jurídico y es importante que demos este paso por delante”.
Siguiendo esta misma línea, en el ejercicio de la acción popular, la Junta de Comunidades también pedirá la retirada de la patria potestad de las y los menores comunes cuando la madre sea asesinada.
En las convocatorias para el sostenimiento de la red de Centros de la Mujer y Recursos de Acogida se ha implementado la creación de un nuevo recurso, el Centro de Atención y Valoración Integral para las víctimas de la violencia de género con atención especial a aquellas “a cuya situación de víctima se unan situaciones que potencien otro tipo de discriminaciones”.
En materia de vivienda, tendrán un acceso especial a ella aquellas personas que se ocupen de la guarda y custodia de las y los huérfanos de violencia de género.
La directora del Instituto de la Mujer ha puesto en valor la necesidad de actuar en el ámbito educativo desde edades tempranas en la prevención de la violencia de género. También es obligación del personal docente y de la inspección educativa el velar por el cumplimiento de los principios de igualdad y la no discriminación de las y los menores pertenecientes al colectivo LGTBI.
“Para reforzar esta cuestión se modificará la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 para añadir como un elemento de no discriminación la orientación sexual y la identidad de expresión de género de las y los menores dentro del sistema educativo”, ha dicho Araceli Martínez.
Esta futura legislación garantizará a las personas menores de edad una atención psicológica especializada “porque las consecuencias de la violencia de género son devastadoras y es fundamental poder actuar lo antes posible antes de que las dichas consecuencias aumenten”. Esta medida se ampliará a los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad en los casos de homicidio o asesinato.
Estas medidas se unen a las becas ´Leonor Serrano Pablo´, dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas y sus hijos, destinadas a la realización de estudios superiores.
Para finalizar, la directora del Instituto de la Mujer ha explicado que se va establecer una ayuda directa a familiares en situación de dependencia que convivieran con la victima asesinada.
Hay que recordar que, antes de llegar a Consejo de Gobierno, el documento fue aprobado por unanimidad en el Consejo Regional de las Mujeres, donde están representadas no solo las asociaciones de mujeres, sino también organizaciones vecinales, de discapacidad, agentes sociales, los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha o las Universidades de Castilla-La Mancha.
'LA LEY MÁS IMPORTANTE DE LA LEGISLATURA'
Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha subrayado que esta Ley “será una de las más importantes de esta legislatura ya que nos vuelve a poner a la cabeza de Europa porque reúne las demandas de todos los colectivos sociales”.
Asimismo, Hernando ha lamentado el asesinato de una mujer en la provincia de Burgos. “Queremos construir un país desde la lealtad y por lo tanto desde el Gobierno de Castilla-La Mancha mostramos nuestras condolencias a la familia de la víctima”, ha señalado.
‘LA MANADA’
El presidente de Castilla-La Mancha ha calificado de “inaceptable” el voto particular de un magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que pidió la absolución de los cinco miembros de ‘La Manada’ y cuya sentencia se daba a conocer la pasada semana.
El jefe del Ejecutivo regional ha asegurado respetar el veredicto de los tres jueces que formaban parte del tribunal, aunque también ha defendido que “el respeto y el acatamiento de las normas no supone el silencio ante decisiones que son absolutamente contra natura” desde el punto de vista jurídico y moral. “Es perfectamente normal y compatible respetar las opiniones de los jueces y opinar” sobre ello, ha abundado el presidente castellano-manchego, quien ha asegurado que la sociedad “está alarmada y con razón” por la decisión de este magistrado.
Con todo, se ha mostrado convencido “de que habrá una rectificación a través de un recurso, como ya ha ocurrido con otras decisiones judiciales” y ha reclamado una reflexión sobre la permeabilidad de los criterios de igualdad en los órganos judiciales, así como sobre “las opiniones democráticas expresadas mayoritariamente por la sociedad española”.
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