El TSJCM desestima la petición de un exalto cargo del Gobierno del PP que pedía la paga extra

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado un recurso contencioso-administrativo presentado por quien fuera secretario general de la Consejería de Hacienda en la pasada legislatura, Eliseo Gómez Velasco, en el que solicitaba cobrar la parte correspondiente a la paga extra de 2012 que fue retirada con el Ejecutivo 'popular'.

Según la sentencia, adelantada por el diario La Tribuna y recogida por Europa Press, no sólo se desestima el recurso, sino que además se imponen costas a Gómez Velasco por valor de 1.500 euros.

Explica en sus Fundamentos de Derecho que, tras la ley de 2012 que suprimió la paga extra, si no hay una norma de semejante rango que ordene su devolución, "no se comprende que se pretenda que el Consejo de Gobierno pueda acordar tal devolución".

"Si una Ley autonómica suprimió la percepción, otra ley autonómica deberá, en su caso, ordenar su devolución. Desde luego, está más allá del ámbito de este pleito y de los tribunales el ordenar al poder legislativo que tome esa medida", añade.

ARTURO ROMANÍ LA PIDIÓ POR CARTA A GARCÍA-PAGE
El que fuera consejero de Hacienda en el anterior mandato, Arturo Romaní, también se dirigió por carta al presidente regional, Emiliano García-Page, a través del Buzón 'Presidente Responde'.

En esa comunicación, fechada el 7 de abril de 2016, Romaní recuerda que en 2012 tenía la condición de consejero del Gobierno, y pregunta al presidente autonómico si considera "que los altos cargos de aquél Gobierno no tienen derecho o no deben recuperar nunca esa paga".

"No entiendo la exclusión que practica el director general de Función Pública. Téngase en cuenta que la paga extra no es privilegio ni prebenda alguna propia de alto cargo, es simple y llanamente salario, como lo es para todos los trabajadores públicos", añadía en su carta.

Como contestación, su sucesor en el cargo, Juan Alfonso Ruiz Molina, replicaba a Romaní que este Ejecutivo "siempre ha respetado los criterios legales vigentes y nunca se ha basado en criterios políticos" para tomar este tipo de decisiones.

"No obstante, si no está satisfecho con la contestación, puede utilizar los cauces legales que le asisten en derecho", invitaba Ruiz Molina a Romaní.