El bono social establece una serie de bonificaciones que trasladan a los servicios sociales autonómicos la responsabilidad “e incluso la culpa” de futuros impagos de la factura de la luz.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 897/2017 del Gobierno de España, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
La Junta de CLM considera el Decreeto, aprobado el 6 de octubre una “trampa irresponsable” ya que establece que sean los servicios sociales, es decir, la Administración autonómica, los “responsables” de posibles impagos y se hagan cargo de los mismos.
El Gobierno castellano-manchego, en su día, ya presentó alegaciones a un borrador que rechazaba porque invadía competencias de la comunidad autónoma.
Según explicaba a eldiarioclm.es el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, el bono social establece una serie de bonificaciones que trasladan a los servicios sociales autonómicos la responsabilidad “e incluso la culpa” de futuros impagos de la factura de la luz.
Con el nuevo decreto, que además se aprobaba “sin pacto ni negociación”, el Estado puede remitir misivas a los usuarios en situación de pobreza aconsejándoles que si tienen problemas para pagar, acudan a los servicios sociales.
Este bono social sigue siendo una medida paliativa y parcial, que sólo contempla al suministro eléctrico y que no garantiza el derecho a la energía.
El portavoz autonómico, Nacho Hernado, afirmaba que el Gobierno autonómico no está en contra "del objetivo" del bono social pero aseveraba que "está mal planteado y es una chapuza del Gobierno de España a la hora de aplicarlo". "El bono social da peor respuesta al problema que el plan regional contra la pobreza energética", aseveraba.
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