La UCLM organiza una jornada sobre prevención de la corrupción con expertos antifraude de España, Italia y Portugal

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) reunirá mañana en su Campus de Ciudad Real a profesores e investigadores con técnicos y responsables de varias agencias anticorrupción europeas durante una jornada de prevención del fraude en las administraciones públicas.

Los responsables de las oficinas antifraude de la Comunidad Valenciana, de Cataluña o del Ayuntamiento de Madrid; así como otros expertos de la Autoridad Nacional Anticorrupción Italiana o del Consejo de Prevención de la Corrupción de Portugal participarán mañana en la jornada “Prevención de la corrupción en las administraciones públicas", que celebra la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en su campus de Ciudad Real.

Organizada por el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la institución académica, en colaboración con los Servicios Jurídicos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades, la iniciativa pretende estimular el debate en torno a las medidas que pueden adoptarse para evitar comportamientos inadecuados o delictivos de funcionarios o autoridades públicas. En este sentido, cabe recordar que el último informe del Banco Mundial sitúa a España en la quinta posición por la cola de la zona euro en cuanto al control de la corrupción. Sólo obtienen peores notas Letonia, Eslovaquia, Italia y Grecia.

Los promotores de esta iniciativa, que se desarrollará en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, la justifican aludiendo a que “la prevención de la corrupción constituye un pilar básico de la política criminal que requiere de la puesta en marcha de medidas específicas como la creación de canales de denuncias, el análisis de riesgos de actividades en las que potencialmente puedan surgir conductas desviadas, el diseño de controles específicos que eliminen o al menos reduzcan los riesgos detectados o la formación específica de los funcionarios públicos en esta materia”. Se trata, añaden, “de una tarea que deben acometer todas las administraciones públicas, desde la administración central, a los pequeños municipios, pasando por universidades o empresas públicas”.