Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Art. 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
Imagino a los padres de la Constitución, a esos “siete magníficos” que en momentos convulsos y difíciles fueron capaces de crear un texto destinado a ordenar la convivencia durante décadas, revisando lo que se ha hecho con alguno de los artículos que, en principio, eran fundamentales, y como tal estaban recogidos en la primera parte de la Ley de Leyes.
Unas líneas más abajo, otro derecho irrenunciable, la distribución equitativa de la renta, a nivel global y personal.
Ahora que nos estamos planteando en serio, al menos desde una parte de la política, la reforma constitucional, después de casi cuarenta años de vigencia, con sus luces y sus sombras, es momento de pensar qué hemos hecho, entre reformas laborales, ninguneo a los sindicatos y relaciones más que estrechas con las grandes empresas, empeñadas en seguir aumentando sus cuentas y poco dadas a la solidaridad.
Hemos borrado de un plumazo los artículos 35 y 40, y hemos sustituido derecho al trabajo digno por precariedad, y distribución equitativa de la renta, por desigualdad.
Hace más de 200 años, la Constitución de 1812, salida de las Cortes de Cádiz, ya dedicaba todo un capítulo a este tema, que suponía una ruptura con situaciones anteriores, de fuerte desigualdad en el reparto de cargas tributarias y otros privilegios que históricamente habían mantenido ciertos grupos e instituciones.
Andando el tiempo, podemos decir que uno de los mayores fracasos económicos y sociales de nuestro país, cuando sólo oímos hablar del PIB, es que atendiendo a la distribución de las rentas obtenidas por la población en este proceso de “enriquecimiento nacional” se ha producido un incremento de la desigualdad, es decir, una menor parte de la población posee más renta.
Son inadmisibles las cifras de trabajadores pobres, los bajísimos salarios que están enriqueciendo a unos cuantos, mientras el resto no llega ni a la mitad de mes. Se nos ha olvidado que la Constitución habla de “remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.
Y sí, hay muchas cosas que reformar en el texto Constitucional. Muchas cosas urgentes, pero sin olvidar nunca las importantes.
José Gutiérrez Muñoz
Portavoz del PSOE y secretario general
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